El funcionamiento del organismo –que tendrá muchos cambios de aprobarse la ley ómnibus– insume más de 5000 millones y su objetivo principal, el fomento del cine, se cumple a medias.
En estas semanas, tras la presentación del proyecto de ley ómnibus por parte del Ejecutivo, hubo una gran cantidad de discusión alrededor, sobre todo, del área “cultura”. Aunque hoy -al menos desde lo que sabemos- no se va a eliminar, por ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes y nunca estuvo en cuestión la existencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), sobre todo este último fue objeto de encendidas defensas y de fuertes polémicas. Pero el tema central se suele eludir: ¿cuáles son los números del cine argentino? ¿Cuál es, para decirlo con una película, el estado de las cosas, eso que obliga a poner en cuestión un mecanismo que parece no responder a la realidad actual del audiovisual?
Todos los datos de esta nota surgen de la fuente oficial: el sitio de fiscalización del Incaa, donde se pueden revisar incluso los balances de los últimos años. Siempre que el Instituto tiene déficit, lo cubre el Estado Nacional. En 2021, ese déficit fue de 551.422.907 pesos, con un dólar oficial promedio de 108 pesos; en 2022, fue de 1.063.735.089 pesos. En ambos casos, la consolidación tiene la firma del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. En 2023, según el presupuesto consolidado con la firma de Sergio Massa, hubo un superávit de 295.882.851 pesos, con dólar oficial promedio de 309 pesos. Es decir: si en el último ejercicio hubo un ahorro, es ínfimo comparado con los déficit de años anteriores. Los ingresos de 2023 fueron de 10.838.658.800 pesos, y los egresos, de 9.940.375.949 pesos. Lo importante: entre remuneraciones (3.419.620.806 pesos) y bienes y servicios (1.626.317.134 pesos) se gastaron poco más de 5045 millones. Es decir, más en burocracia que en hacer películas (la cuenta da 4895 millones de pesos para todo lo que no es gasto directo del Incaa, lo que implica las transferencias al sector privado donde se contabilizan créditos y subsidios: 4.604.406.071 pesos).
La ley 24.156, que regula el fomento cinematográfico, indica que el Incaa debe gastar a lo sumo el 50 por ciento de su presupuesto en funcionamiento interno (la ley ómnibus planea bajarlo a 20 por ciento). Esto solo se ha cumplido cabalmente, en este siglo, en 2018. Por lo demás, la planta de empleados (entre planta permanente, contratados y con locación de obra) es de 645 personas. Eso es lo que registra el presupuesto que se aprobó el 14 de julio de 2023. Hay informaciones cruzadas de que la planta de empleados es mucho mayor, pero los datos oficiales son estos. Hay que tener en cuenta que todo esto es “estimado” a partir de lo que se supone que va a recaudar el Incaa con los aportes al Fondo de Fomento. En cualquier caso, queda clara la desproporción entre la misión del Incaa, fomentar el cine, y su gasto.
Es cierto: el Incaa no solo otorga créditos y subsidios al cine. También gestiona la escuela de cine Enerc, el sitio Cine.ar, el mercado de cine Ventana Sur y el Festival de Mar del Plata, entre otras cosas. Gestiona salas de cine (como el Gaumont, Espacio Incaa KM 0, y todos los espacios Incaa en todo el país) y tiene observatorios sobre diversidad, ocupación en la industria, desarrollo del costo medio reconocido (que es el “fiel de la balanza” sobre el que se deciden los subsidios, ver más adelante) y otras cosas. La pregunta es si estas cosas debería hacerlas el Incaa. No es algo que se cuestione comúnmente, como la publicación de lujosos memorias y balances anuales que solo tienen sentido en la “interna”.
El mayor problema de todos modos aparece cuando vemos la cantidad de películas argentinas estrenadas en el año que pasó y lo comparamos con su público. “Fomento cinematográfico” no solo implica hacer películas o proveer los medios para que estas se realicen, sino tener en cuenta al público. Los datos duros hablan por sí solos. En 2023 se estrenaron, sin contar muestras especiales y festivales, 472 películas, de las cuales 231 fueron extranjeras y 241 nacionales, más de la mitad del total (todos los datos pueden revisarse aquí).
Las cinco películas nacionales con más espectadores fueron Muchachos: la película de la gente (892.231 espectadores; todos los números son hasta el 31/12/23); La extorsión (547.843); Elijo creer (443.112); Cuando acecha la maldad (268.246) y Casi muerta (154.028). En el club de las que vendieron más de 100.000 entradas se suma Puán (125.173). Entre la séptima película del ranking (No me rompan) y la 19 (Fragmentada) están las que superaron los 10.000 espectadores. La número 24 (Almamula) es la última por encima de los 5000 espectadores. Solo 98 de los 241 estrenos nacionales superaron los mil espectadores: las demás, hicieron menos y mucho menos que eso. Las últimas cinco son Lo que tenemos (17), Camuflaje (15), La risa es cosa seria (5), Una sola primavera (5) y Trescientos metros cuadrados y ocho ventanas (4).
Un productor nacional con décadas de experiencia y varios éxitos explica que una producción media de unos 400.000 dólares recibe más o menos 100.000 dólares del Incaa, lo que implica que necesita recuperar el resto, unos 300.000 dólares en su recorrido por las salas. Si se considera que el productor recibe un dólar por entrada (y eso es un número absolutamente ideal), requiere unas 300.000 entradas para recuperar el costo. Pero la mayoría de las películas de la lista se hacen dentro de lo que el Incaa provee, es decir que “recuperan” su costo sin vender entradas.
Hay un valor importantísimo: el costo medio reconocido. Es lo que el Incaa utiliza para poner tope a los subsidios. En términos sencillos: si el presupuesto de un film está por debajo de ese valor, se lo subsidia al 100 por ciento: si está por encima, hasta el tope (hay variaciones reglamentarias de acuerdo a la naturaleza del proyecto, pero en general funciona así). Hoy, el costo medio reconocido es 105.000.000 pesos, que a dólar oficial promedio de 2023 son poco menos de 340.000 dólares. Pero en realidad, dado que mucho se compra a dólar blue, es mucho menos. Hay películas muy chicas, documentales digitales y etcéteras, que se hacen por ese dinero o menos. Muchísimas películas. El problema es que para recuperar la inversión de una película media para gran público, que requiere una inversión por encima de ese tope de 340.000 dólares se requiere vender al menos 500.000 entradas para no perder plata.
Si se considera que en 2023 se vendieron 43 millones de entradas y, según datos de la consultora Ultracine, el 85 por ciento de las entradas las vendieron las distribuidoras UIP (40 por ciento), Disney (25 por ciento) y Warner (20 por ciento), la parte de la “torta” del público que le corresponde al cine argentino –recordemos que tiene más de la mitad de los estrenos del año– está (muy) por debajo del 10 por ciento. Y justo en un año como 2023, de recuperación fuerte: el primero pospandemia que vendió más de 40 millones de entradas.
El balance es preocupante: las películas argentinas no concitan el interés del público. El negocio nacional funciona como una máquina de movimiento perpetuo: se hacen films que generan empleo en el sector y alguna renta gracias a los subsidios, pero que en general no son elegidas por el público. El mayor fracaso de las políticas del Incaa hasta aquí consisten en el fin mismo de su existencia: el fomento. Se puede pensar que esto también afecta la estética de las películas: si, se vean o no, las películas se hacen igual, ¿para qué correr riesgos, para qué convocar al público? Para contrastar esto, cabe pensar que la película más vista en 2023, recaudadora de más de 1400 millones de dólares globales, se llama Barbie y gastó en su producción 145 millones de dólares. Y gastó en marketing la misma cantidad de dinero que su costo de realización, cuando hay pocas “marcas” más instaladas en el mundo que Barbie. Era una película de riesgo: para recuperar esa inversión requería al menos recaudar unos 500 millones de dólares en su país. Lo logró (poco más de 636 millones) pero pudo ser un desastre. Se corrió un riesgo gigante. En ese punto, el cine argentino, en general “asegurado” por la política de subsidios, no corre riesgos.
Se pueden comentar muchas más cosas respecto de lo que le pasa al cine nacional. A las causas de esta crisis evidente no son ajenas cuestiones ideológicas y políticas, pero todo puede resumirse en el hecho de que la mayoría de quienes hacen películas no piensan en el público que sostiene la actividad, que no es cinéfilo ni es ideologizado. Barbie sostiene con su éxito películas independientes: en la jerga de Hollywood, a estos tanques se les llama tentpoles: son los metafóricos parantes de la carpa de un circo de cuatro pistas, el mástil que permite financiar bajo su cobijo films más arriesgados, y que convocarán menos público. Todas las películas deberían tener en cuenta un público (sea mínimo, para el riesgo experimental; sea masivo, para las más populares), pero el actual sistema del Incaa ha redundado en un anquilosamiento evidente y en el desinterés de una parte mayoritaria del público.
Último dato: la película argentina más vista del año, Muchachos, está en el puesto 14 de la taquilla, en un año en el que doce películas superaron el millón de entradas vendidas (dos superaron los tres millones, otras tres, los dos millones). Es paradójico en un año que, como se dijo, implicó una fuerte recuperación del negocio de las salas. Replantear estas políticas, si se quiere un cine argentino fuerte, interesante, con público y exportable, a la luz de los datos, parece imprescindible. La discusión debería pasar por ahí.
Leonardo D’Esposito
