“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Ese es el título de la solicitada que publicó hoy Walmart, la cadena de supermercados que el Grupo De Narváez adquirió el año pasado en la Argentina.
Por
Sebastián Catalano
El supermercado, que tiene 92 tiendas, operación en 22 provincias y más de 10.000 empleados, aseguró que ni bien se hicieron cargo del negocio recibieron un pedido por parte del Sindicato de Choferes de Camiones de despedir al personal de su Centro de Distribución para luego “indemnizarlo y volverlo a contratar con la misma antigüedad”. La compañía advirtió que se trata de ”una práctica ilegítima, no prevista por ningún marco legal vigente, ni con la forma en que desarrollamos nuestra actividad en el país”.
Esa negativa por parte de la empresa de Francisco De Narváez redundó en un fuerte freno a su operación local, producto de trabajo a reglamento y “otras medidas de fuerza encubiertas”, que suelen darse al comienzo de cada turno, por parte de los trabajadores del gremio que lidera Pablo Moyano.
“En las últimas dos semanas nos vimos condicionados por recurrentes medidas de fuerza encubiertas que derivaron en una caída del 75% en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de 1.000.000 de familias en todo el país. Somos una compañía que siempre cumple la ley”, describió Walmart.
“Invitamos al Sindicato de Choferes de Camiones y a aquellos colaboradores de nuestro Centro de Distribución que hoy no están cumpliendo con el normal desarrollo de la operación a dejar sin efecto las medidas y solicitamos al Gobierno Nacional arbitrar los medios con miras a garantizar el abastecimiento de todos los hogares argentinos”, aseguraron.
La empresa detalló en la solicitada que adquirieron la cadena “con el firme propósito de invertir, desarrollar, crecer y asegurar los más de 10.000 puestos de trabajo a nivel nacional. Un compromiso que, en un contexto adverso para la inversión, buscó hacer de nuestra estrategia de crecimiento una opción para todos”.
Según la empresa, en una práctica habitual y similar a pedidos realizados en los cambios de dueños de empresas de recolección de basura, Camioneros exige que se despida al personal, que se le pague la doble indemnización y que se los recontrate con las mismas condiciones de antigüedad. Están afectados unos 500 empleados de un total de 718 que la empresa tiene en su centro de distribución. El gremio argumenta que la empresa cambió y que ese debe ser el procedimiento. Walmart, en tanto, lo desmiente categóricamente: describe que es la misma firma, que mantuvo su CUIT y que sus contratos son los mismos, al igual que las deudas y activos. “Sólo cambiaron los accionistas”, le explicaron a Infobae.
“Esta semana recibimos un informe oficial del Gobierno diciendo que cumplimos un 99% del acuerdo de Precios Cuidados, pero solo pudimos cumplir con el 63% del abastecimiento comprometido. La explicación es por todo esto: nuestras sucursales ven resentido el abastecimiento de manera notoria”, detallaron fuentes de la cadena.
“Hablamos con el gremio, pero sólo responden con medidas de fuerza”, agregaron. “Hubo continuidad de la relación laboral y se mantuvieron los puestos luego de la operación. Hacemos este tema público porque no tenemos más margen: esto ya tiene impacto en las góndolas y lo tendrá más aún, sobre todo en las sucursales con depósitos más chicos, como las de cercanía, donde no hay capacidad de reposición rápida. Las categorías que más se recienten son las de más rotación, las que dependen de un flujo constante, como leche, azúcar, harina, yerba y aceite”, afirmaron.
Si bien este no es un caso de encuadre gremial, la situación tiene su paralelismo con el conflicto entre Camioneros y Mercado Libre, la empresa que fundó Marcos Galperin hace 20 años y que es la más valiosa de la Argentina según el precio de sus acciones en Wall Street: casi USD 75.000 millones. Hace dos años se supo que la empresa de e-commerce se negó a pasar a Camioneros a los empleados del gremio de Carga y Descarga de su centro de distribución del Mercado Central y el año pasado, en plena cuarentena, el gremio de los Moyano bloqueó depósitos y, según la empresa, interrumpió la actividad de varios de sus centros de distribución de manera ilegal.
A comienzos de noviembre del año pasado, Walmart anunció que el Grupo De Narváez se quedaba con la propiedad total del negocio de la compañía en la Argentina. La estadounidense venía evaluando la salida del país desde hacía meses atrás.
“Los nuevos propietarios, que cuentan con operaciones minoristas en Argentina, Ecuador y Uruguay, aportarán una sólida experiencia local que impulsará el crecimiento de la empresa. Walmart seguirá apoyando a la empresa a través de servicios de transición y acuerdos de abastecimiento; no obstante, Walmart no retendrá una participación accionaria“, informó entonces la cadena que llevaba 25 años de operación local.
La familia del ex diputado De Narváez fue dueña de la cadena de supermercados Casa Tía durante varias décadas hasta que, a fines de 1998, la vendió al Exxel Group por unos USD 650 millones. En los últimos años, el grupo empresario volvió a poner un pie en el negocio: hoy tiene supermercados en Ecuador y Uruguay, que operan con la marca Ta-Ta.
“Estamos muy orgullosos y entusiasmados con esta nueva inversión. Compartimos los mismos valores: una filosofía centrada en el cliente, centrada en la excelencia operativa, además del compromiso que hemos asumido con las comunidades en las que operamos. Tanto el desempeño de la empresa como la dedicación de sus increíbles asociados durante la pandemia han demostrado la fortaleza y resistencia fundamentales del negocio, y nos complace en gran medida apoyar al equipo, impulsar el crecimiento a largo plazo y crear nuevas oportunidades para asociados y proveedores en Argentina”, aseguró en noviembre Fernando Minaudo, CEO del grupo De Narváez.
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