Para una mayor equidad, la quita debería ser total. En particular por el brutal subsidio a Aysa, en Gran Buenos Aires.
Por Adrián Simioni– La reducción de subsidios anunciada hace horas seguramente requerirá de análisis meticulosos por parte de los especialistas.
La decisión de seguir atando el valor del gas, la electricidad, el transporte o el agua a “la capacidad adquisitiva” de hogares y personas, por ejemplo, no parece buscar otra cosa que limitar los costos políticos para Cristina Fernández, a costa de seguir generando un sistema desmañado, incapaz de generar un sistema claro de precios ciertos que dará lugar a las más frondosas simulaciones e inequidades.
La inequidad se debería resolver por el lado de los ingresos de los hogares y del sistema impositivo: pagan más impuestos quienes más ganan y con esos impuestos se financian ingresos de los que menos tienen, como sucede con la asignación universal por hijo, las jubilaciones de personas que nunca aportaron y demás. Después, cada uno decide en qué gasta esos aportes.
Pero, en principio, en el anuncio hay un dato muy positivo: las dos quitas anunciadas serán sobre el gas y el agua.
El subsidio al gas es una muy inequitativa transferencia de la Argentina menos urbanizada a la Argentina urbana. Quienes no viven en las ciudades más grandes y no tienen gas pagan impuestos para que los habitantes de las ciudades cocinen, se calefacciones y se duchen gratis. De manera que su reducción es una gran noticia. En todo caso, es criticable que no sea completa (abarque a todos los usuarios), total (100 por ciento) y operar de un solo saque (ya).
Pero lo mejor es la reducción del subsidio al agua. A diferencia del gas (que al menos es un subsidio de más o menos la misma dimensión en el Gran Buenos Aires y otras grandes ciudades como Córdoba y Rosario), el subsidio al agua es la mayor inequidad regional y social de todas. Por mucho. Sólo beneficia a los habitantes de Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde el servicio es prestado por una extremadamente ineficiente empresa estatal, Aysa, que el año pasado recibió casi siete mil millones de pesos del Tesoro –al que aportan impuestos todos los argentinos– para poder operar.
En cambio, el resto del país no recibe subsidio alguno. Los habitantes de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, pagamos una tarifa mucho más cara que la de Aysa (aunque Aguas Cordobesas distribuye agua a un costo muy inferior) porque no recibimos subsidio alguno. Lo mismo pasa en todo el resto del país donde empresas privadas y públicas y cooperativas brindan el servicio.
Pero la más escandalosa inequidad es que hay zonas enteras del país donde hay aguas con arsénico, o, peor, no hay agua de ningún tipo, cuyos habitantes no reciben ni un miserable peso de la Nación para costear ese servicio. Durante una década el kirchnerismo mantuvo congelada una tarifa para la población más rica del país que, encima, tiene la posibilidad de brindar el servicio menos costoso de todos (nadie más tiene un Río de la Plata de agua dulcísima al lado).
En este caso, sí, la eliminación del subsidio a Aysa debe ser total e inmediata. Pero, arando con estos bueyes, podría haber sido peor. Podrían haber bajado el resto de los subsidios sin tocar en absoluto el del agua.
