El juez Thomas Griesa rechazó el pedido argentino para reponer el stay que permitiría al país negociar con más tiempo un acuerdo con los holdouts.
Ahora, en menos de siete días, el gobierno nacional debe alcanzar un acuerdo con los tenedores de bonos que no ingresaron al canje de deuda para evitar el default. El magistrado consideró que este último sería "el peor escenario" e insistió en la necesidad de que las partes se reúnan "continuamente" hasta lograr un acuerdo, según se desprende de la transcripción de la audiencia que tuvo lugar este martes.
Griesa insistió en que es "muy, pero muy importante intentar llegar a un acuerdo" que tome en cuenta "los tenedores de bonos que ingresaron al canje, a las personas beneficiadas por el fallo y a las obligaciones de la Argentina". "Un acuerdo es en muchos casos una cosa buena, pero una de muchas opciones. Lo que aquí enfrentamos es algo mucho más crucial. Si no se logran los acuerdos adecuados, puede haber un default de la República el 30 de julio. Eso sería desafortunado para las personas que esperan el pago de sus intereses (los tenedores de bonos que ingresaron al canje), pero también desafortunado para la república misma", reiteró.
El juez reconoció que el gobierno nacional puede tener "resentimientos" con los holdouts que ganaron el juicio, pero insistió en que sus funcionarios deben emprender de aquí hasta el 30 de julio una "negociación continua" para intentar lograr un acuerdo con la mediación del Special Master, Daniel Pollack. "Si el fin de julio llega y hay un default, eso sería muy, pero muy triste y desafortunado. Queremos hacer todo lo posible para evitarlo. Y eso significa un acuerdo", consideró.
Una vez más, la defensa argentina – encabezada en este caso por el abogado Jonathan Blackman – insistió en que no puede cumplir con la sentencia que ordena pagarle la totalidad de lo adeudado a los holdouts sin que eso implique un gran perjuicio para el país por la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que obliga al país a garantizar la misma oferta para todos sus acreedores. Si lo hiciera, debería endeudar a la Nación por más de veinte mil millones de dólares.
El abogado recordó que esa cláusula vence el 31 de diciembre de este año. Luego, el país estará en mejores condiciones de cumplir con el fallo. Incluso advirtió que si los funcionarios de Cristina Kirchner hicieran una mejor oferta antes de esa fecha estarían violando las leyes nacionales. "Ya hubo funcionarios argentinos que han sido procesados por tomar acciones respecto a la reestructuración de deuda que no estaban completamente autorizadas por la ley del país", recordó.
Sumadas esas razones a la dificultad de conciliar los intereses nacionales con los de los holdouts, Blackman consideró que es "imposible" lograr un acuerdo tan complejo en apenas siete días. "Simplemente no puede ser hecho antes de fin de mes (…) Pensamos que un stay aceleraría y facilitaría las cosas", concluyó.
El juez Griesa tomó nota de sus explicaciones, pero señaló: "En mi opinión, cada uno de los problemas de los que usted habla es susceptible de ser manejado de alguna manera en un acuerdo. No va a ser un acuerdo escrito en tan solo un párrafo. Va a tener que manejar con problemas complejos y conflictos. Tendrá que manejar todo eso. Pero si no lo hace, habrá un default el 30 de julio. Y eso es la peor de las cosas. Es el peor escenario que, sentado aquí, puedo prever. No quiero que eso pase. Habrá gente afectada. Realmente afectada. No serán los buitres los afectados, sino personas reales".
