Mientras los estados petroleros se resisten a pagar su participación accionaria, el Gobierno dice que deberán entregarles reservas para compensar. Hasta ahora todo había quedado en una nebulosa.
Cuando el gobierno expropió el 51% de las acciones de Repsol en la empresa YPF dispuso que de esa porción, el 51% quedaría en manos de la Nación y el 49% restante, en manos de las 10 provincias petroleras.
Mientras se discutía qué cantidad de acciones le corresponderían a cada jurisdicción, nunca se habló de plata, aunque las condiciones eran claras. Las acciones quedaban sindicadas bajo la autoridad de la Nación y la empresa no repartiría dividendos sino que reinvertiría todas las utilidades.
A cambio, las provincias más grandes tendrían un director en el órgano de dirección de la empresa. Pero hasta entonces no se hablaba nada de plata.
El problema surgió en la exposición que los funcionarios nacionales hicieron en el Senado cuando se discutió el acuerdo por el cual el Gobierno Nacional había acordado con Repsol pagarle 5.000 millones de dólares por sus acciones. En esa ocasión, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini dijo que “Es la primera vez que estamos ante la posibilidad de tener un precio cierto de esas participaciones. Es decir, la Nación no les va a poder reclamar a las provincias más que el porcentaje de los 5.000 millones que está pagando por la empresa”.
A partir de esa exposición pública, las provincias petroleras reaccionaron mal, afirmando que no estaban dispuestas a pagar por dichas acciones y eso desató una catarata de interpretaciones y declaraciones de todo tipo. En el caso de Mendoza, la provincia debería pagar 510 millones de dólares, para lo cual debería aumentar su endeudamiento.
El problema es que la Nación está firme en su pretensión de cobrarle a las provincias accionistas y para presionar está usando todo tipo de argumentos. Esta semana, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich dijo que “las provincias deberán pagar o entregar reservas a cambio para que la Nación asegure la soberanía hidrocarburífera y pueda pagarle a Repsol”, un argumento muy propio de Kicillof, para el cual el sistema Federal es un escollo para sus planes.
Los argumentos provinciales
Las provincias solo argumentan que no tienen plata y que necesitan tomar deuda para pagar sueldos, así que no podrían emitir nueva deuda, pero no quieren entregar reservas porque es resignar su propia soberanía. Además, un acto como ese no lo puede hacer en forma autónoma un gobernador sino que requeriría, como mínimo, un acuerdo de las Legislaturas provinciales, cuando no, una consulta popular.
Pero hay un argumento que las provincias no han esgrimido y del cual nunca quisieron hacer uso y ha sido la fijación arbitraria del precio del crudo que hizo la Nación perjudicando a las provincias durante toda la “década ganada”. Siempre el precio por el cual las provincias cobraron las regalías fue mucho menor al precio internacional del petróleo y por lo tanto, las empresas productoras pagaban sobre el precio de referencia fijado por la Nación.
Ninguna empresa le quiso hacer juicio a la Nación por este rubro y hoy podría servirles para negociar, pero por la actitud sumisa que mantuvieron, hoy las perjudica ante una exigencia casi autoritaria de un gobierno que se especializa en violar la institucionalidad en forma permanente.
Además, este es el único argumento que podrían usar las provincias para no pagar sus acciones, ya que, de no ser así, daría lugar a una queja del resto de las provincias no petroleras, que participarán de alguna manera de lo que pague la Nación, sin tener acciones.
Ventajas de pertenecer
En realidad, las provincias se peleaban por tener acciones de la empresa, pero no tomaron debida nota de las condiciones en las que accedían a las mismas. La primera de ellas es que las acciones provinciales están sindicadas, esto quiere decir que las provincias, sus dueñas, han delegado todas las facultades que tiene como accionistas en la Nación, que es el mayoritario. Así, el gobierno de Cristina Kirchner se asegura que ningún gobernador se le revele y vote contra alguna decisión y destruya la mayoría accionaria del Estado.
Esto implica que las provincias no pueden vender sus acciones, ni darlas en garantía para tomar deudas, lo que significa tener un activo “inactivo”.
La otra condición que tienen estas acciones es que el Gobierno Nacional ha decidido que la empresa no repartirá dividendos por las ganancias obtenidas y reinvertirá la totalidad de sus utilidades. De esta manera, tampoco existe expectativa de tener ningún rédito.
Ante esta realidad, cabe preguntarse si tiene sentido seguir penando y pagar solo por tener un representante en el directorio de la empresa. Es una forma muy cara de “pertenecer”, mientras ni siquiera logramos que se paguen las regalías a precio internacional. Porque, en definitiva, la Nación nos exige participar de los gastos pero no se puede disfrutar ningún derecho ni ejercer el derecho de propiedad que dicho pago nos habilitaría.
La provincia debería tomar una decisión trascendental al respecto y poner todas las cartas arriba de la mesa. Si la Nación no quiere que se paguen las regalías al precio internacional, porque quieren seguir sosteniendo otra de las mentiras del período kirchnerista, tampoco tiene derecho a exigirle el pago a las provincias.
Y en definitiva, si hubiera que pagar, Mendoza, ante las condiciones impuesta por la Nación, debería rechazar la participación accionaria, pero impedir, bajo cualquier concepto, que la Nación se apropie de las reservas propias de la provincia.
También la provincia deberá ser más proactiva en promoción de la explotación y en realizar los debidos controles de inversión a las empresas, incluida YPF.
Una parte importante de la caída de la producción de petróleo de la provincia es achacable a la inacción del Ejecutivo de los últimos diez años, desde Cobos hasta Pérez.
Hablamos de defender un recurso estratégico que es propiedad de todos los mendocinos y no de los políticos y menos de un partido.
Por Rodolfo Cavagnaro – Especial para Los Andes
