A este ritmo, el límite legal que pesa sobre el Banco Central puede quedar corto. De ahí la búsqueda de fuentes alternativas.
Por Matías Barbería
La emisión monetaria para financiar al Tesoro continúa como la principal fuente de recursos con la que el Gobierno cubre los costos de la pandemia de COVID-19 y las medidas de distanciamiento social decididas para contenerla. Ante la falta de acceso al crédito externo, sin ahorros y con déficit fiscal, el Banco Central empezó julio con una nueva inyección de dinero al fisco, esta vez por $100.000 millones. Sin embargo, y dado que la mayor parte del déficit público se concentra en pagos del segundo semestre del año, el gabinete económico ya ve los límites de esta estrategia e intenta conseguir otras formas de financiarse.
El método que está intentando poner en marcha es un reciclaje, una reutilización de la fuerte expansión monetaria hecha en lo que va del año y que ahora está estacionada en bancos convertida en Leliq, para que pueda ser reutilizada por el Tesoro mediante la colocación de títulos de deuda en pesos. Pero ante las necesidades de financiamiento que existen también en el sector privado, la intención es redirigir parte de ese flujo también en esa dirección, aunque hasta el momento lo haga de una manera algo tímida.
La emisión monetaria para cubrir el déficit del Tesoro alcanza números récord, algo común en una economía inflacionaria en la que el dinero pierde valor y cada nuevo dato supera en términos nominales al anterior, pero aún considerando el impacto del avance de los precios los números son sorprendentes.
Los $100.000 millones en concepto de giro de utilidades que emitió el Banco Central el 3 de julio para financiar al fisco llevaron las transferencias de ese tipo encima del billón en lo que va del año ($ 1,04 billones). Si se le suma a esa cifra la otra vía que tiene la entidad conducida por Miguel Pesce para crear dinero, los adelantos transitorios, la cifra total llega a $1,35 billones.
El límite legal autorizado para que el BCRA emita para financiar al Tesoro ronda los $2 billones este año, una cifra que asusta a los analistas, pero que a pesar de todo puede llegar a no ser suficiente para un Estado que dada la caída de actividad económica recauda menos y se ve obligado a gastar más.
“Con unas necesidades de financiamiento netas de $1,8 billones entre junio y diciembre, y sólo $700.000 millones de en préstamos a corto plazo y transferencias de dividendos, es probable que el límite legal de la financiación monetaria se convierta en un problema durante el segundo semestre de 2020”, afirma un informe de TPCG autoría de Juan Manuel Pazos.
“El límite legal actual de financiamiento monetario para 2020 es de 1,9 billones, acumulando $350.000 millones en préstamos a corto plazo (adelantos transitorios) y $1,6 billones en transferencias de dividendos. De este tope,el Gobierno ya ha utilizado un poco más de $310.000 millones en adelantos transitorios y $740.000 millones en transferencias. El agotamiento de los giros del BCRA pondría al Gobierno en una difícil encrucijada: dejar de depender de la financiación monetaria o introducir cambios en los estatutos del Banco Central”, agrega el reporte.
El Gobierno confía en que ese techo no se va a tocar. Aunque no descarta, llegado el caso, tener que modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria lo ve como último recurso. Mientras tanto, tratar de limitar todo lo posible el crecimiento del gasto -un tercer desembolso del Ingreso Familiar de Emergencia va en contra de este intento- y buscar nuevas vías de financiamiento se vuelven clave.
Aunque recién está empezando a dar sus primeros pasos, la estrategia de endeudamiento en pesos del Ministerio de Economía entra en esta última categoría. El primer objetivo que perseguía el ministro Martín Guzmán en ese frente era lograr refinanciar los vencimientos heredados, ya que un déficit financiero que se sume al déficit fiscal hubiera forzado a aún más emisión monetaria.
Ese objetivo se alcanzó en mayo, según Hacienda, cuando se empezó a refinanciar los vencimientos de letras en pesos y hasta a conseguir financiamiento fresco. Es decir, conseguir colocar tanta deuda como la que vencía e incluso algo más.
A partir de ahora, el objetivo es mantener la capacidad de refinanciar -no generar necesidades extra- y lograr recursos extra, estirando los plazos de duración de las nuevas emisiones de deuda.
“Es un tema de que el sector privado se convenza de la capacidad de pago del Tesoro y decida aumentar su exposición”, confían en el Ministerio.
La fe en un cierre razonablemente exitoso de la renegociación de la deuda en dólares, creen en el Gobierno, puede dar el golpe de confianza que permita tomar más deuda en pesos en el mercado local a un costo más bajo, al menos en el margen. No se ilusionan con reemplazar el rol de “la maquinita” del Banco Central, pero al menos con hacer un aporte significativo.
En la mira está la liquidez en manos de bancos. Los depósitos en pesos, dada la expansión monetaria, crecen al doble del ritmo de los préstamos, dado el parate económico. Hay más de $1,7 billones estacionado en Leliq que son depósitos que los bancos no consiguen prestar ni invertir. Y otros $ 575.000 en pases pasivos, en la misma situación.
A eso se suman, en la mirada de los colaboradores de Guzmán, otros $600.000 millones que están colocados en fondos comunes de inversión que en la jerga se conocen como “T+0” (son fondos que las empresas y personas colocan a tasa y que se pueden retirar en el día, como una caja de ahorro pero con mejor remuneración) y que, piensan, están desperdiciados.
La creencia es que se pueden mover a fondos algo más largos, los “T+1” (que al dar 24 horas entre el momento en que un ahorrista rescata su dinero y el fondo tiene que entregarla dan algo más de margen para estirar plazos en las colocaciones) a invertir en letras y bonos del Tesoro, con tasas más atractivas.
Pero eso no es todo lo que el Gobierno tiene en mente para la enorme liquidez en pesos que generó la emisión monetaria masiva del Banco Central, también está usando con fuerza la norma que obliga a los bancos a ofrecer créditos a empresas al 24% anual, bien por debajo de la inflación, y a monotributistas y autónomos al 0% anual.
Más aún, la semana pasada el Banco Central decidió permitir que los bancos puedan ofrecer obligaciones negociables -títulos de deuda de empresas privadas- como garantía para pactar pases activos, es decir, pedir dinero prestado a la propia autoridad monetaria. Es un mecanismo que los bancos rara vez usan, pero no tiene que ser utilizado para que cumpla un rol: es un mecanismo de seguridad.
Si los bancos no están comprando las emisiones de deuda de las empresas es porque temen que el parate económico les genere problemas. Si una de esas obligaciones negociables se vuelve pesada para el balance de un banco, siempre puede utilizarla para pedir liquidez al Central y alcanzar los requerimientos de encaje que dictan las normas.
Un tecnicismo, pero en los bancos lo recibieron bien. “No va a generar un aluvión de financiamiento para empresas, pero es un incentivo que juega a favor”, dijeron a Infobae en una mesa de un banco privado.
En el Central, mientras tanto, piensan que es un inicio. Con incentivos y normas por venir, la idea es mover esa liquidez en bancos no sólo al Tesoro sino también a empresas. Mucho más allá incluso del selecto número de firmas que son capaces de emitir obligaciones negociables. Pero por algún lado se empieza.
El problema, de tener éxito, no es cómo encontrar financiamiento que ayude al Estado y a las empresas a salir del parate que genera la pandemia. Sino el impacto monetario de ello.
Para intentar calmar los nervios de los que ven crecer la cantidad de dinero en circulación, el dinero transaccional -efectivo y cuentas bancarias a la vista, en resúmen, aquel que está disponible para pagos de inmediato- crece cerca del 100% interanual, el Central ya dijo que saldrá a absorber colocando Leliq y otros instrumentos que mantengan esos pesos lejos de la calle. Algo de eso ya está haciendo, con el stock de ese instrumento en récords nominales.
Pero si se va a reutilizar esa liquidez para financiar al Tesoro y a empresas por otra vía que no sea la emisión, eso quiere decir también que el salto histórico en la emisión monetaria no se va a revertir. Y en ello se se apoyan las previsiones de inflación futura que, para los próximos doce meses, están en el 52,5% según el último relevamiento de expectativas de mercado del Central, más de 10 puntos porcentuales por arriba de la previsión para el cierre del primer año de Gobierno.
