El sistema de ajuste vigente deja en desventaja a los jubilados cuando la inflación se acelera. Qué se espera para los primeros meses de 2024 y qué sugieren los expertos
Por: Mariano Zalazar
El sistema de actualización de los haberes jubilatorios es muy simple. Por aplicación de la Ley de Movilidad Previsional, el Gobierno establece un porcentaje de ajuste trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec. De la mano, van también las asignaciones familiares y las pensiones.
El objetivo es que las jubilaciones acompañen de cerca el avance de la inflación y no pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, en la práctica los resultados están lejos de ser los ideales. “El Gobierno nacional se ha visto obligado a otorgar un sin número de bonos especiales para compensar la enorme caída de los haberes jubilatorios, producto de una fórmula que no funciona”, contó a Infobae Daniel Marcu, actuario y experto en temas previsionales
“La desastrosa ley de movilidad previsional 27.609 que rige desde 2021 ha causado un daño tremendo en el poder adquisitivo de los jubilados. Una pérdida promedio del orden del 30% no sería aceptable en ningún país del mundo, pero en la Argentina parece pasar desapercibida, al menos para gran parte de la clase dirigente. Más grave aún, el pico de altísima inflación que vamos a sufrir en los próximos meses puede llegar a generar una pérdida adicional en el poder de compra del orden del 20/25%, con lo cual estaríamos hablando de jubilaciones que van a perder la mitad de su valor. Ni siquiera la nefasta Ley de Alquileres ha producido un daño tan grave”, remarcó el experto.
Tampoco la fórmula previsional que operó durante el gobierno de Mauricio Macri podría contrarrestar el avance de la inflación sobre los haberes jubilatorios. Desde el Centro de Economía Política (CEPA), contaron a este medio que, en caso de haberse mantenido la fórmula votada a finales de 2017 (70% inflación y 30% salarios) en septiembre pasado el ajuste hubiese sumado 20,6%, es decir, un valor inferior a la movilidad actual (23,2 por ciento).
“Si se compara la aplicación desde el origen hasta hoy, en el caso de la fórmula anterior hubiese sumado 309,6% para el período 2021/2022 y las tres primeras movilidades 2023, mientras que, con la nueva fórmula, el valor asciende a 359,4%”, agregó el Centro.
De cualquier manera, más cerca o más lejos de la inflación, ambas fórmulas fallaron al momento de igualar los haberes jubilatorios con el avance acelerado de los precios. Además, el sistema de indexación ajusta con rezago, tomando como referencia la inflación del trimestre previo y todo indica que la inflación para octubre-diciembre será menor a la proyectada para enero a marzo del año próximo, ya durante la presidencia de Javier Milei. Eso quiere decir, que es prácticamente un hecho que las jubilaciones se seguirán retrasando.
Qué cambios se proponen
El especialista Daniel Marcu, insistió en que la fórmula previsional seguirá generando retrasos en los próximos meses y aseguró que se debe pensar en una manera de “cortar la sangría”, para que los jubilados dejen de perder poder de compra, en particular los que no reciben compensaciones con bonos ad hoc.
Su propuesta es derogar la Ley 27.609 y, a partir del 1 de enero de 2024, que todas las jubilaciones se ajusten por un nuevo índice de costo de vida específico del consumo de los adultos mayores, que sería desarrollado por el Indec.
“El Indec puede rápidamente implementar este índice, dado que cuenta con los relevamientos de precios y sólo debe definir las ponderaciones de una canasta de consumo específica, por ejemplo incrementando la participación de medicamentos y gastos vinculados con el tiempo libre. Mientras define el indicador, se puede implementar el IPC general”, subrayó el experto.
La nueva movilidad, aclaró Marcu, se debería aplicar trimestralmente o cuando la variación del índice supere el 10%, lo que ocurra antes.
Además, con el objetivo de evitar mayor pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, el actuario propuso que el bono de $55.000 que se paga en diciembre quede incorporado definitivamente a todos los haberes (no sólo los mínimos) a partir de enero 2024 y se asume el compromiso de recomponer gradualmente en el mediano plazo la pérdida ocasionada a los haberes que superan la mínima.
“Sería justo empezar recomponiendo a los jubilados de más de 80 años de edad. Este compromiso podría mitigar la litigiosidad que se prevé en el futuro con miles de jubilados reclamando por el trato desigual que se tuvo con ellos”, apuntó Daniel Marcu.
Por último, el actuario propuso la creación de una Comisión de Expertos en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social para que en un plazo de 6 meses eleve al Congreso una reforma integral al régimen jubilatorio. “En mi opinión, esta reforma debería basarse en el modelo sueco de cuentas nacionales, que combina lo mejor del sistema solidario de reparto con los incentivos individuales que provee un sistema de capitalización”, subrayó..
El economista Martín Epstein, del CEPA, dijo recientemente que “está pegando fuerte el hecho de que la inflación está corriendo por encima de salarios, al igual que la recaudación, que se ha visto gravemente afectada por el problema de la sequía”, pero aseguró que no es necesario un cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria.
“Los bonos reducen el impacto de la pérdida de ingreso de los niveles más bajos, para que la jubilación mínima no quede tan atrasada. A medida que se logre mayor recaudación, se irá produciendo la situación contraria (ganancia de poder adquisitivo) y los porcentajes de actualización se irán acomodando”, aseguró el economista del CEPA.
Marcu se mostró en desacuerdo con esa lectura. “Desde mi punto de vista, el argumento de que las jubilaciones se van a recuperar cuando la inflación empiece a bajar (o la recaudación suba) no es válido, dado que primero muchos jubilados van a tener que ‘sobrevivir’ varios meses con la mitad de su ya magro haber y, además, porque el tope anual que impone la ley vigente genera pérdidas irrecuperables”, declaró.
Menor brecha de ingresos
Reconociendo el retraso de la fórmula de ajuste y el avance de la inflación por encima de los haberes jubilatorios, el Gobierno nacional ha implementado en los últimos meses diferentes refuerzos por bonos, pero siempre destinados a los jubilados que perciben la mínima. Esto produjo un acortamiento de las brechas de ingresos con los jubilados que tienen mayor nivel de ingresos (tuvieron mayor nivel de aportes durante su época activa).
Está pegando fuerte el hecho de que la inflación está corriendo por encima de salarios, al igual que la recaudación (Epstein)
Ese es otro tema a resolver por medio de las fórmulas. Para Marcu, es importante que se corte primero la sangría de ingresos y luego que se piense en nuevas políticas para que los jubilados con otra escala de ingresos recuperen el terreno perdido.
“La brecha se ha perdido, es un hecho, pero hay que tener en cuenta también que quienes cobran el bono no tienen garantizada la continuidad del mismo. Sin esos aportes extras del gobierno, la pérdida sería mucho mayor también para ese grupo de beneficiario”, alertó Daniel Marcu.
El problema, lamentó el experto, es que el mecanismo de bonos tampoco es sostenible en el tiempo, porque a medida que se degrada el valor real del haber, el bono debe ser proporcionalmente mayor para compensar esa pérdida. “El bono de $7.000 de septiembre de 2022 sólo representaba el 16,1% de la jubilación mínima vigente a esa fecha, contra el 52,0% de 15 meses después”, aclaró.
“En otras palabras, dentro de poco tiempo el bono va a tener que superar el 100% de la jubilación mínima, con lo cual los haberes de cerca de 5 millones de personas van a depender de la discrecionalidad del Gobierno para mantener su poder adquisitivo”, insistió.
