¿Podría obligar el Gobierno a vender los dólares?

Lo aseguran en el entorno político del presidente Alberto Fernández; y lo reafirma la conducción económica que promete un supuesto acuerdo exitoso con el FMI antes de fin de año para calmar las expectativas.

Hasta tanto, dice el ministro Guzmán, hay reservas suficientes para no rendirse a la presión de los mercados.
Los anuncios y las promesas por ahora no logran calmar la corrida. El desequilibrio fiscal y la consecuente emisión de pesos para cubrirlo es tan impresionante que nadie alcanza a convencerse de la posibilidad de una salida gradual para el ajuste, que no termine, como siempre en el pasado, en fuertes devaluaciones para licuar ese gigantesco déficit entre los ingresos y los gastos del Gobierno.

El riesgo de hacer nada e intentar resistir sin devaluar como hasta ahora no es solamente que la economía se va paralizando por falta de dólares en la inversión y el consumo, sin precio cierto y problemas de abastecimiento en insumos básicos. Ya explicamos en esta columna la semana pasada que mientras el Gobierno intenta frenar la corrida restringiendo cada vez más el acceso a los dólares del Banco Central, a la vez continúa emitiendo pesos sin freno para cubrir el déficit. Aún sin acepar formalmente un precio mayor para el dólar de comercio exterior, el Gobierno devalúa segundo a segundo la moneda al ritmo de una emisión descontrolada, casi 200 mil millones de pesos por mes.

Sigue creciendo la brecha cambiaria y el peligro entonces es que una crisis cambiaria derive en una crisis bancaria. Los grandes inversores y las grandes empresas dolarizan sus posiciones. Desarman plazo fijos, posiciones en bonos en pesos o cuotas de fondos de inversión y se pasan al dólar en el contado con liquidación. Lo mismo hacen los ahorristas particulares. Convierten sus pesos en las cuentas en dólares a través del dólar bolsa.
El problema es que una vez que se dolarizaron las carteras, se ordenan transferencias al exterior o directamente se retiran los dólares de las cuentas por ventanilla. Esa dinámica le hace perder reservas al Central con el riesgo del agotamiento. Todos le quitan dólares al Central, pero nadie vende y suma reservas porque el precio para los exportadores es de 50 o 60 pesos por dólar de cosecha, neta de retenciones.

En el pasado, cada vez que el Banco Central en la Argentina se quedó literalmente sin reservas, el problema se resolvió con estallidos devaluatorios que dejaron consecuencias dramáticas para la vida política, social y económica. El corralito de Fernando de la Rúa y posteriormente y más grave el corralón de Eduardo Duhalde fueron finalmente intentos para no repetir las experiencias de las hiperinflaciones de 1989/1990. Aquella vez, en lugar de cerrar los bancos se imprimieron miles y miles de millones de pesos (australes entonces), se abrieron las entidades y así se financió la híper, permitiendo que la gente sacara los depósitos y corriera al dólar o a cualquier producto que la cubrieran del desastre.

Conviene preguntarse qué podría ocurrir esta vez si por resistir una devaluación o por negarse a presentar un plan político y económico creíble para los mercados el Gobierno finalmente se queda sin reservas y tiene que cerrar los bancos para evitar una corrida que signifique el colapso final o el riesgo de una híper.
Esa historia terminó siempre, tarde o temprano, con estabilidad o inestabilidad política, en megadevaluaciones. Los grandes perdedores terminan siendo los más humildes por la explosión de pobreza e inflación que significa asumir una devaluación.

Qué pasaría, por ejemplo, si el sector más radicalizado de la coalición del Gobierno que se referencia con Cristina proclama que, esta vez será distinto, que esta vez el ajuste lo van a pagar «los que tienen los dólares» en la Argentina.
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Es obvio que aquí hay una puja: un gobierno que no quiere reconocer el fracaso de su política económica y que responsabiliza de la crisis a los tenedores de dólares que se resisten a venderlos al precio oficial. La mirada conspirativa crece en el Gobierno, y sobre todo en los allegados al Presidente, no solo en el Instituto Patria.

Dólares registrados sobran en la Argentina. Están los depósitos declarados en cuentas de Argentina y el exterior, están los dólares ahorro que la clase media y la clase alta ha venido comprando a lo largo de los años, todo registrado en la AFIP, sin importar si esos dólares están depositados en cuentas, en los colchones o en cajas de seguridad. Y desde luego están los dólares registrados del campo, guardados en silobolsas o en acopios de cooperativas o cerealeras. Todo registrado.
Podría el Gobierno obligar a que los argentinos tengan que pesificar a la fuerza sus tenencias en dólares registradas. Los argumentos sobran en la liturgia peronista y, sobre todo, cristinista.

La propia expresidenta anunció que su proyecto político es un «Nuevo Contrato Social». Su hijo Máximo prometió que la Argentina no va a salir de la pandemia con las desigualdades que ingresó. Axel Kicillof ya proclamó que la normalidad no existe más, en tanto el ministro Guzmán dijo alguna vez que no vino a la Argentina para aguantar la situación. Y se justifican cada vez más ataques a la propiedad privada con el argumento de que existe una crisis social terminal y hay que asegurar derechos básicos para todos.
Aceptar una megadevaluación para empezar de nuevo como el proceso Duhalde Kirchner de 2002/2003 puede derivar en un estallido inflacionario dramático que ponga en peligro la estabilidad institucional y el proyecto político de Cristina. Frente a esa disyuntiva, puede crecer la tentación de ir contra los que tienen los dólares, para que sean ellos los que paguen el ajuste.

Por: Willy Kohan (La Nación)