“Es una pésima señal al mercado”. Así definen entre las generadoras eléctricas la decisión del Gobierno de cancelar con un bono del Tesoro la deuda que el Estado acumuló por los flujos de energía impagos durante diciembre y enero. Se trata de una definición que, si bien fue plasmada en una norma en el Boletín Oficial, genera malestar y un conflicto latente en el sector eléctrico.
Es que la propuesta del Ministerio de Economía, oficializada en la resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía, implica la entrega a las empresas de un bono en dólares con vencimiento en 2038 (AE38) para cancelar una deuda acumulada que supera los US$1000 millones por los pagos que Cammesa, la empresa mixta de control estatal que gestiona el mercado mayorista eléctrico, no realizó por la energía recibida en enero y febrero.
Las empresas se niegan a aceptar este esquema y aducen que implicaría aceptar una quita sobre esos pasivos. Es que los bonos ofrecidos cotizan en el mercado a un precio inferior a su valor nominal, situación que acarrearía una pérdida para las compañías.
“Con la resolución se decidió no respetar un contrato, y hacer el pago con una quita. Eso es una señal muy mala”, planteó Martín Genesio, presidente y CEO de AES Argentina, filial local de la estadounidense AES.
“Somos una de las pocas compañías multinacionales grandes del sector, y para dar un ejemplo puntual, después de la resolución recibí llamados del FMI, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Departamento de Energía y de la embajada, y la pregunta era una sola: ‘¿Qué pasó, por qué el Gobierno hizo esto?’ Pongo este ejemplo para que nos demos cuenta de que cuando un contrato no se respeta, el impacto es gigantesco”, precisó Genesio, quien detalló que, como ocurre con las empresas estadounidenses, mantiene conversaciones frecuentes sobre temas de actualidad con los organismos recién mencionados.
Agregó: “Este mercado se puede desarrollar solo si hay inversiones grandes de empresas locales y extranjeras. Y para las empresas de afuera, romper un contrato más allá del gobierno que sea, venga de donde venga, es un hecho grave”.
“Esto no había pasado nunca”, dijo a LA NACION un experimentado referente de una de las compañías afectadas, en una tácita referencia a prácticas intervencionistas durante gobiernos anteriores. Entre sorpresa e indignación, el ejecutivo advierte por el impacto que esta operación financiera propuesta por el Gobierno tendría sobre las empresas y la dinámica del sector energético.
“Tuvimos que pedir un préstamo para pagar los sueldos del mes pasado. Podemos hacerlo porque somos sujetos de crédito, pero a las empresas más chicas, las mata”, insiste en el Forum Nacional de Energía organizado hoy por Lide Argentina en el Hotel Alvear el empresario, que participó semanas atrás de la reunión entre los referentes del sector y el equipo económico, encabezado por Luis Caputo.
“Esto no es una buena señal, más allá de que es una propuesta y no una imposición, pero implica una quita, donde no se analiza o se distinguen las distintas situaciones de las compañías. Nos parece que hay soluciones que se pueden buscar, intentando entender también la situación del Gobierno. Todos sabemos donde estamos, pero se pueden buscar situaciones que sean más acordes”, agregó Fernando Bonnet, CEO de Central Puerto.
El conflicto escaló en tensión en las últimas semanas. Pampa Energía, que había denunciado mediante una nota a la CNV que Cammesa le adeudaba $131.191 millones por los flujos de energía entregados entre diciembre y febrero, informó días atrás a sus inversores que la propuesta de Caputo implicaba, en los hechos, asumir una pérdida de US$34 millones. Fue en un documento presentado al informar sus balances financieros.
La estadounidense AES, en tanto, dijo que la deuda de Cammesa acumulada en estos meses era de $37.483 millones. Fue en otra nota enviada a la CNV, donde informó también que tuvo que “solicitar préstamos a diferentes entidades financieras y recurrir a otras formas de endeudamiento” para cubrir su funcionamiento.
El malestar entre las empresas con el Gobierno también se alimenta de la escasa “voluntad de negociación” del equipo económico. “Para el Estado no es nada de plata, pero para las generadoras es un montón”, dice el referente de otra de las empresas comprometidas. Dicen, también, que una quita del 50% sobre una deuda de dos meses se traduce en un mes de ingresos pautados y perdidos.
“Es una señal malísima al mercado, y justo cuando querés sacar el RIGI [Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que está en el proyecto de Ley Bases]”, se lamenta un ejecutivo de años en el sector. “A cada empresa le pega distinto, porque depende de sus contratos y su operación”, insiste el empresario, quien advierte por el efecto negativo en la reputación y el incremento de los costos financieros.
Mientras advierten que el impacto negativo sobre el negocio podría afectar, en el corto plazo, la disponibilidad de algunas plantas generadoras, las empresas rechazan la inflexibilidad del Gobierno para resolver esta deuda. “Entiendo y hasta estoy de acuerdo con el plan de resolver el déficit. Pero esto se podría haber hecho de otras formas, extendiendo los contratos o planteando un esquema de pago en cuotas con un plazo e intereses. Pero esto es una pésima señal, y no sé cómo se va a resolver. De cualquier manera, implica una pérdida”, se lamentan en otra de las grandes empresas del sector, donde reconocen que la instancia de judicializar el conflicto también implicaría reconocer un perjuicio económico.
“Cuando se prioriza el corto plazo sobre el largo, eso es malo, y lo que vemos con esta última resolución es un enamoramiento del corto plazo”, insistió Genesio, quien de todas maneras se mostró “optimista” hacia adelante: “El Gobierno hace poco está en funciones y el optimismo me lleva a pensar que si el desenamoramiento del corto plazo se da en un breve período de tiempo, podemos llegar a tener un sector fructífero en el mediano”.
El rechazo a la medida oficial de cancelar esa millonaria deuda acumulada con un bono del Tesoro en dólares también se plasmó en una carta que Ageera, la cámara que nuclea a las firmas generadoras del país, envió a la Secretaría de Energía. Allí, califica a la propuesta oficial como “especialmente inaceptable”, por la pérdida implícita que implica la operación financiera planteada.
“El hecho de sujetar el pago de febrero a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el pago en bonos para los montos correspondientes a diciembre y enero (con la quita que ello implica), resulta especialmente inaceptable”, dice el documento.
Esteban Lafuente (La Nación)
