Nueva proyección: a cuánto llegarán el dólar, la inflación y los salarios en 2021

Hace años que la Argentina pulveriza pronósticos y estimaciones.

Entre malas políticas, cambios de expectativas, eventos inesperados, presupuestos mal configurados y contextos internacionales, proyectar la economía local suele ser una tarea que exige diagramar múltiples escenarios. En ese contexto, 2021 aparece como el año en el que la economía finalmente rebotará, luego de tres años de contracción del PBI, aunque otras cuestiones como la estabilidad cambiaria o la baja de la inflación abren grandes signos de interrogantes, con la segunda ola de la pandemia, las elecciones y las condiciones macroeconómicas locales como escenario.

El repunte en el nivel de actividad aparece como el dato más auspicioso para 2021. Después de tres años consecutivos de recesión, que incluyó el desplome histórico de 2020 asociado al impacto del coronavirus, el país proyecta crecimiento. De todas maneras, ese cambio de tendencia se asocia más a un rebote estadístico que a un escenario virtuoso de crecimiento al menos en el corto plazo, luego de que los salarios completen tres años consecutivos de caída en el poder adquisitivo y la inversión se desplomara el año pasado a mínimos históricos, incluso por debajo de los números de la crisis de 2001/2002.

El presupuesto plasmó una recuperación de 5,5%, en línea con las proyecciones de las consultoras privadas consignadas en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central. Ese valor, sin embargo, no alcanza a compensar el desplome de 2020 (-11%). Para 2022, en tanto, se estima un crecimiento del 2,5%.

Las estimaciones privadas mejoraron sus pronósticos en el último mes (0,7 puntos porcentuales con respecto a lo previsto anteriormente), en una dinámica que se vincula con las mejores perspectivas en torno al complejo sojero agroexportador. La suba en los precios del poroto de soja (superó los US$522 por tonelada) podría representar ingresos adicionales por US$5000 millones, un impacto positivo tanto en la recaudación fiscal vía retenciones como en la cuenta de productores y exportadores. Sin embargo, esa coyuntura internacional positiva en cuanto a los precios también nace de los riesgos de la sequía, que tiene ya un impacto negativo sobre las estimaciones de la cosecha y los volúmenes exportables.

«Hay un riesgo que se está definiendo ahora, porque el campo está en plena etapa de definición de rindes», dice Gabriel Caamaño, economista de la Consultora Ledesma, sobre el impacto de las lluvias en las zonas productivas. «Si una cosecha promedio en la Argentina es de 50 millones de toneladas, este año sabemos que va a ser del promedio para abajo. Las proyecciones empezaron a recortarse, pero los números concretos los vamos a tener a fines de febrero. Es una incógnita qué tanto van a compensar los precios, porque esos valores están descontando hoy una sequía grande, y qué valores habrá en la época de la cosecha», agrega el economista.

Las últimas estimaciones de analistas privados, relevados por Latinfocus, plantean que en 2021 las exportaciones argentinas crecerán un 6,6%, luego del desplome del 11% que tuvieron en 2020. De acuerdo con estas estimaciones, el país podría vender bienes al mundo por US$61.000 millones. En tanto, las importaciones proyectan una suba del 10%, para llegar a US$45.800 millones.

Más allá de sectores puntuales, Soledad Pérez Duhalde, economista y directora de Operaciones en la consultora Abeceb -del exministro de Producción y Trabajo Dante Sica-, advierte que en 2021 no habrá dinamismo por el lado de la inversión, una variable que retrocede hace más de dos años. «Hay un rebote en la construcción, impulsada por la brecha y por el hecho de que mucha gente tuvo ahorros y menos gastos, y encontró oportunidades. La inversión productiva no la veo, porque no hay clima acá ni en el mundo, que está viviendo la segunda ola de Covid-19. La conclusión es que lo que va a haber es una recuperación por rebote estadístico», agrega la analista, quien atribuye a ese factor más del 60% del crecimiento que se dará durante este año.

Según las expectativas del Gobierno, la recuperación del nivel de actividad podría tomar impulso con la obra pública. En efecto, la construcción ya mostró una recuperación en los últimos meses. Según el Indec, en noviembre tuvo un alza de 6,2% interanual, un dato celebrado por el Gobierno, que destacó que el sector llegó a su mayor nivel desde septiembre de 2019.

La otra gran incertidumbre se vincula con la demanda y los salarios, que en 2020 completaron su tercer año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo. En forma paralela se mueve el consumo que, afectado por la profunda recesión y el cierre de actividades como consecuencia de la pandemia, completó en 2020 su quinto año de caída (0,1%), manteniendo un nivel similar al de 2019, cuando se desplomó un 7,3%, de acuerdo con los datos de Scentia. Este factor fue uno de los enfatizados por la vicepresidenta Cristina Kirchner en su reciente discurso en el estadio Diego Maradona de La Plata. Allí, insistió en su planteo de que «a la actividad económica la mueve la demanda», e interpeló a su equipo económico a alinear salarios y jubilaciones con los precios. Según las estimaciones de Latinfocus, el consumo privado podría rebotar en línea con la recuperación del nivel de actividad, para recuperar un 5,1%, valor que también dejaría a esta categoría por debajo de las cifras de 2019.

De todas formas, hay factores que pueden limitar esta expansión, y se vinculan con la dinámica del mercado laboral. Según estimaciones del REM, el desempleo podría subir al 12% en el segundo trimestre de 2021 (las consultoras proyectan 11% para fin de año), una cifra que es más amplia si se considera la cantidad de personas inactivas que dejó la crisis de la pandemia y que no tuvieron una reinserción.

«La actividad se va a recuperar y eso siempre ayuda a los salarios a subir, porque los trabajadores ganan poder de negociación. Pero el desempleo se mantiene elevado, las negociaciones salariales van a mirar a la inflación pasada, y está la incertidumbre sobre la inflación de 2021», plantea Guido Lorenzo, director de LCG. Y, más allá del poder adquisitivo de los salarios (hasta octubre, según datos del Indec, solo los del sector público perdían significativamente contra la inflación), otro factor que enciende alarmas y que podría afectar la recuperación del consumo es el endeudamiento al que muchas familias apelaron durante la pandemia.

El tema de los precios es, posiblemente, el de mayor tensión para el Gobierno este año. Mientras el presupuesto marcó una inflación de 29% proyectada para 2021, que implicaría una baja de siete puntos porcentuales con respecto al 36,1% que midió el Indec en 2020, las estimaciones privadas descartan que ese número vaya a cumplirse; en cambio, se proyecta una inflación en torno al 50%.

«Ni con un nuevo cierre total de la economía llegás a 29%. Estamos en máximos históricos de monetización y si vamos a un año de normalización progresiva, donde avanza la vacunación y hay actividades que vuelven a abrirse, los precios se van a acelerar. Los servicios, más allá de las tarifas, corrieron de atrás en 2020 (los bienes subieron 43% mientras que los servicios lo hicieron un 22,2%, según el informe del Indec) y este año van a buscar una recuperación. Además, el Gobierno no ajusta las tarifas pero restringe importaciones, y eso hace que suban los precios no solo de esos bienes de consumo, sino también de los que usan insumos del exterior para su producción local», advierte Caamaño.

Más allá de la baja de 2020 con respecto al pico de 53,9% de 2019, condicionada por la recesión, la pandemia, la baja en la velocidad de circulación de dinero, los congelamientos de tarifas y el transporte y los programas de control de precios de alimentos, entre otros rubros, la aceleración de los precios en el último trimestre de 2020 golpeó duramente al bolsillo y encendió alarmas en el Gobierno.

Con la inflación de 4% en diciembre (dinamizada por los sectores de la salud -5,2%-, recreación y cultura -5,2%-, transporte/combustibles -4,9%-, restaurantes -4,6%- y alimentos -4,4%-), el último trimestre del año pasado tuvo un promedio mensual de casi 3,7%, con una aceleración que se evidenció especialmente en el IPC núcleo (4,9% en diciembre).

Más intervención

Y, mientras entre funcionarios y economistas revivió el debate en torno al impacto del «conflicto distributivo» y otras causas que influyen en la inflación, a partir de un renovado posteo en el blog del Banco Central, el Gobierno endureció algunos controles y su postura intervencionista. Desde aquel llamado de Cristina Kirchner a «alinear salarios tarifas y alimentos», se cancelaron subas en la medicina prepaga, se acotó al 5% el incremento en el sector de telecomunicaciones en enero y se revirtió la idea inicial de Guzmán de mantener los subsidios en términos reales, por un esquema que, en principio, plantearía un único aumento del 9% para las tarifas de servicios públicos en marzo.

«Una cosa es tener un plan y otra es plantear objetivos. Guzmán dice que quiere bajar 5 puntos la inflación por año. Eso es un objetivo que no tiene un plan detrás. Hoy no hay nada que garantice que vamos a tener una inflación más baja que en 2020, cuando tuvimos 10 puntos de recesión, congelamientos y tarifas pisadas», dice Lorenzo, quien advierte sobre la dispersión de proyecciones respecto de la dinámica de precios.

Y agrega: «Si uno mira el último trimestre, aun con tarifas pisadas, precios cuidados y demás, la inflación anualizada está por encima del 50%. No se descarta ir a un esquema de mayor intervención, con controles de precios y extensión de congelamientos a otros rubros regulados (prepagas o taxis). Bajo ese esquema, lo que se posterga en 2021 hay que sumarlo a las proyecciones de 2022 o de 2023, porque de algún modo se terminan pagando, con costos mayores. Eso implica aplicar muchísimas distorsiones», agrega el economista. Basta un dato para reflejar este factor: en 2020, con una inflación de 36,1%, el sector de electricidad, gas y otros combustibles tuvo, según el Indec, una suba del 0,6% en el año. Así, según estiman incluso en despachos oficiales, la tarifa que pagan hoy los hogares cubre solo el 40% del costo de generación de esa energía.

«El mensaje de Cristina es que los salarios tienen que ganarle a la inflación, y para eso el dólar y las tarifas tienen que ir por debajo. En ese escenario, cualquier precio que quiera subir, habrá que pisarlo. Esa fue la estrategia kirchnerista en sus gestiones anteriores y lo que hizo Macri, por ejemplo, con el transporte. Es una estrategia que exacerba el corto plazo y es complicada en un contexto donde faltan dólares y sobran pesos. La brecha se contiene con mayor intervención, y la sensación es que los efectos de corto plazo favorables que busca el Gobierno para llegar a las elecciones van a ser pocos, y habrá más costos que beneficios. Siempre los gobiernos kirchneristas jugaron a maximizar el corto plazo. Ahora no quedan más cajas y el escenario internacional, con la soja subiendo y tasas bajas, puede volver a dar una chance», advierte Marina Dal Poggeto, directora ejecutiva de Eco Go.

La economista describe un escenario «binario» y mutando, entre las urgencias de la economía y las demandas de la política, como ocurrió en el segundo semestre de 2019: la disparada de la brecha y el dólar blue en $195 fue determinante para el «giro a la ortodoxia» y el empoderamiento de Guzmán, quien aceleró con la desactivación de los programas de asistencia por el Covid-19 y emitió deuda atada al dólar, para limitar la asistencia monetaria al Tesoro, entre otras medidas.

La deuda es otro de los elementos que aparecen con un signo de interrogación para este año, con las conversaciones en torno a la renegociación del préstamo con el FMI, iniciadas en 2020, como una instancia central. Según los analistas consultados por la nacion e incluso según los planteos del ministro Guzmán, el marco de ese programa podría plantear las bases de un plan económico de corto y mediano plazo, como señal hacia la política y hacia los agentes económicos locales e internacionales.

Luego de reestructurar su deuda con inversores privados en 2020, el país enfrenta en el calendario 2021 desembolsos por unos US$3700 millones correspondientes a vencimientos de capital, que forman parte del programa stand-by firmado por el expresidente Mauricio Macri por alrededor de US$57.000 millones (se desembolsaron US$44.000 millones). En el escenario actual, el país no tiene los fondos para concretar los pagos (el grueso de los vencimientos se concentra en 2022 y 2023), y los incentivos a reestructurar ese programa aparecen a ambos lados de la mesa. El plan del Gobierno es transformar ese acuerdo en un programa de facilidades extendidas, que prorroga los plazos pero, al mismo tiempo, impone requisitos de «reformas estructurales».

Según plantea Sergio Chodos, director por el cono sur ante el FMI y hombre clave de la negociación, el plan es cerrar la negociación en el primer semestre. En esa línea se ubica Dal Poggetto, quien advierte que ese acuerdo «debería darse antes del vencimiento con el Club de París, en mayo». Según la economista, un programa con el Fondo podría servir para recuperar el precio de los bonos de deuda argentinos (hoy rinden el 17%, valor poco correlacionado con una reestructuración exitosa hace menos de un año) y para descomprimir el escenario financiero del país. Mientras la Argentina hoy no tiene acceso a los mercados internacionales de crédito, países como República Dominicana, que depende casi íntegramente del turismo, colocó recientemente deuda a 10 años a una tasa del 3,87%.

Objetivos en tensión

Por su parte, Lorenzo sostiene que ese acuerdo podría demorarse, justamente por las exigencias de ajuste en el frente cambiario, consolidación fiscal o aumento de tarifas, cuestiones antipáticas de cara a un año electoral. «Un acuerdo con el FMI podría allanar el camino al plan del Gobierno para cumplir objetivos. El año pasado hubo una intención de apurarlo, pero lo que se ve ahora es todo lo contrario. Veo difícil cerrar un acuerdo con el nivel de distorsiones que maneja la economía argentina. El Fondo va a pedir más esfuerzo fiscal y arreglar algunas distorsiones, posiblemente algún salto del tipo de cambio. Es un ajuste recesivo. Por eso también la idea de Guzmán de enviar el acuerdo al Congreso es una jugada para participar no solo a la oposición, sino a su propia coalición», afirma Lorenzo.

Otro factor que condicionará a la economía este año es el sanitario. Porque la evolución de los contagios de coronavirus, en veloz crecimiento desde fines de 2020, presionan sobre una gestión que fijó como meta un 4,5% del PBI de déficit primario en 2021 y, en ese plan dispuso eliminar del presupuesto muchos gastos asociados a planes de asistencia vinculados con el Covid-19, como el IFE o el ATP. Sin espalda para costear una nueva etapa de cuarentena estricta, y con la voluntad de no ahogar el repunte económico en un año electoral, el Gobierno hará equilibrio entre los movimientos del virus y el nivel de actividad, mientras apura y acumula desprolijidades en su plan de vacunación.

«Es un factor exógeno que no se controla. El contexto internacional, con tasas bajas y exceso de liquidez juega a favor, y está la propia dinámica de los contagios de Covid. La aplicación de la vacuna genera una perspectiva favorable de que en algún momento vamos a acercarnos a una normalidad y, al mismo tiempo, vemos el cierre de la economía en países desarrollados y la dinámica de los contagios en la Argentina», plantea Dal Poggetto, quien identifica en la cuestión Covid uno de los elementos determinantes en cuanto a la estabilidad y la evolución económica local.

Para Caamaño, la dinámica del gasto asociado al coronavirus, sumado a otros factores como el freno al plan de actualizar tarifas, abre interrogantes sobre esa meta del déficit. «El FMI puede pedir mínimas dosis de racionalidad y va a apuntar a que se haga el esfuerzo por el lado fiscal en la medida en que no haya segunda ola. Semanas atrás, un déficit de 4,2% no parecía difícil de alcanzar, porque era prácticamente el de 2020 sin el gasto Covid. Ahora se habla de que el ATP será reducido pero algo queda, sabemos que todo el IFE no se va, que la política le puso los puntos al ajuste tarifario y que se cambió el ajuste previsto en las jubilaciones», dice Caamaño, quien advierte sobre los riesgos de esta política si, como ocurrió el año pasado, se recurre a la financiación monetaria del déficit.

«Si la política fiscal no hace ajustes y tenés que emitir cuatro puntos de déficit primario, entonces al cepo no le queda más que volver a restringirse. Y esas cuestiones empiezan a tener cada vez más costo en términos de actividad y de precios, algo que termina siendo menos rebote», concluye el economista.

Por: Esteban Lafuente (La Nación)