Los equipos técnicos oficiales analizan por estas horas cómo quitar subsidios sin que se acelere más la inflación. Un borrador circula entre funcionarios provinciales, que controlan a las empresas eléctricas, con una propuesta que tendría fuerte incidencia en el sector.
El Estado destinó más de 80 mil millones de pesos en subsidios a la energía durante 2013, un 46 por ciento por encima de las erogaciones de 2012. Uno de los puntos de la iniciativa busca avanzar con la quita de esa ayuda económica a los usuarios que puedan pagar, principalmente en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, para recortar ese gasto.
En principio, la idea sería que aquellos usuarios que puedan afrontar el costo lo hagan con un cronograma progresivo. Esa normalización en la factura comenzaría con los usuarios que consuman más de 300 kwh.
La Casa Rosada contempla hacerse cargo de las empresas provinciales que operan bajo la órbita de los gobernadores. Apunta así a sellar con algunos distritos oficiales el «plan de unificación tarifaria para reforzar el federalismo eléctrico».
Para ello, están pensando en retrotraer el valor de las tarifas eléctricas al 31 de diciembre y evitar que las distribuidoras provinciales aumenten las boletas de luz durante los próximos seis meses.
A diferencia de la Ciudad y el Gran Buenos Aires donde el servicio está en manos de Edenor y Edesur, controladas ambas por el Ejecutivo nacional, las distribuidoras provinciales vienen acumulado importantes ajustes en las boletas residenciales. Por eso la energía cuesta seis, siete y hasta ocho veces más en Córdoba y Santa Fe, que en Buenos Aires.
Hoy, por ejemplo, un usuario residencial sin subsidio en Capital Federal paga 300 pesos por 600 kwh, bimestral. Por ese mismo consumo, en Córdoba se paga un 60% más y en la provincia de Santa Fe un 40 por ciento.
La medida en análisis se discutió ayer con los delegados provinciales en una reunión realizada en la Secretaría de Energía, que comanda Daniel Cameron. Del encuentro participaron el titular del área,Roberto Baratta, coordinador del Ministerio de Planificación y Ricardo Martínez Leone, flamante interventor del ENRE, el ente regulador de electricidad y referente del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en el sector.
«La medida tiene una naturaleza política. Frente a un escenario inflacionario y tras avalar una fuerte devaluación de la moneda, el Gobierno quiere enviar una señal positiva», admitió uno de los asistentes.
El planteo a los representantes provinciales en el Consejo Federal de Energía busca terminar con esas diferencias y, según trascendió, a cambio el Ejecutivo se comprometerá a financiar obras eléctricas en esos distritos, especialmente de distribución, el segmento más deteriorado del sistema
