Los proveedores de Internet le reclamaron al Gobierno que suspenda el control de precios y la implementación de la Prestación Básica Universal (PBU), prevista para el próximo 1 de enero.
“Hasta tanto se realice un pormenorizado análisis del devastador impacto que tendrán en el ecosistema de pequeños y medianos proveedores de internet”, sostuvo Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE).
También se expresaron desde la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), donde afirmaron que se trata de «una medida que resulta impracticable, por más que se trate de una exigencia»; y desde la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), que aseguraron que las medidas comprometen a toda la industria del sector, perjudican el desarrollo de inversiones y el despliegue de nuevas redes, «complicando la sustentabilidad del sector».
Es que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) resolvió descongelar los precios de Internet, TV paga y telefonía, con aumentos del 8% para los pequeños prestadores que no hubieran incrementado los precios durante todo este año y 5% para el resto de los operadores que tuvieron aumentos en marzo pasado; en simultáneo con la obligación de dar a partir del 1° de enero la PBU a unos 10 millones de habitantes de sectores vulnerables, que arrancará con precios de $700 mensuales para Internet, $150 para la telefonía celular, así como descuentos del 20 al 40% en TV paga.
Convocados a reunirse con ENACOM, representantes de CABASE solicitaron formalmente la inmediata suspensión de la aplicación de las medidas anunciadas el pasado viernes, ya que son una sentencia de muerte para las PyMEs y cooperativas del sector.
Seis representantes de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) tuvieron una reunión este martes con el directorio del ENaCom, donde le pidieron formalmente esa suspensión. La entidad que preside Ariel Graizer sostuvo que esas medidas “son una sentencia de muerte para las pymes y cooperativas del sector y constituyen el producto del absoluto desconocimiento de la estructura de costos de los operadores, así como de la realidad en la que se desenvuelven los más de 1.200 prestadores pymes y cooperativas que hay en nuestro país”.
Desde el ENaCom prefirieron no informar sobre el contenido de esta reunión con los representantes de CABASE.
Según pudo reconstruir Clarín, la reunión fue muy tensa, ya que hubo cuatro dueños de pequeñas empresas prestadoras de Internet que plantearon en duros términos que no había manera de brindar 5 Megas a $700, para los que tengan entre 2.000 y 50.000 abonados, tal como establece la reglamentación del DNU de las telecomunicaciones (690/20).
«Ahora cobramos los 5 Megas entre $1.000 y $1.200, con precios congelados desde marzo. Es imposible bajar el precio a $700, cuando hay más de $200 de esa factura que se van en impuestos directos. A eso le tenemos que agregar el costo de los megas mayoristas, la logística para llevar la factura a la casa del cliente, el pago de los sueldos de los empleados, los seguros y las tasas municipales, con una inflación superior al 30%», dijo uno de los directivos que participó de la reunión en el ENaCom. Y agregó: «Eso sin mantener, reparar ni invertir absolutamente nada».
En el mismo sentido se expresaron desde ATVC y ASIET, que difundieron comunicados de oposición a la medida oficial.
ATVC planteó que las limitaciones impuestas a los aumentos de precios y la obligación de la PBU representan «una intervención directa y coactiva por parte del Estado, y un peligroso avance sobre la libertad de expresión».
«Es una restricción sin precedentes a nivel mundial en la operación de las empresas que brindan servicios TIC, que afecta la seguridad jurídica, perjudica la calidad y expansión de los servicios -como a los clientes que se comunican e informan a través de ellos- y plantea un interrogante en lo que se refiere a la administración y aplicación técnica de una medida que resulta impracticable, por más que se trate de una exigencia», agregó ATVC, la cámara que nuclea a más de 700 prestadores de TV paga e Internet de todo el país.
En la nueva reglamentación, el Gobierno también sumó a la televisión satelital de DirecTV como si fuera un servicio público, con las mismas restricciones que aplicó al resto de los prestadores de servicios de comunicaciones de la Argentina.
La telefonía celular, Internet y la TV por cable fueron declarados como «servicios públicos esenciales», en el DNU 690, que dictó Alberto Fernández en agosto pasado, para dar una cobertura a toda la población, en el marco de la pandemia de coronavirus, según explicó el Gobierno. Y este fin de semana el ENaCom dictó la reglamentación de ese DNU, incluyendo un pequeño descongelamiento de precios y la implementación de una Prestación Básica Universal (PBU) para los sectores más vulnerables, a partir del 1 de enero.
Sin embargo, según plantearon los prestadores de Internet, telefonía y TV paga, esa PBU será de muy difícil implementación, ya que provocaría una fuerte caída en los ingresos de las empresas proveedoras de los servicios, junto con la disminución de la calidad y el deterioro de la infraestructura de las comunicaciones en la Argentina.
«Esta medida unilateral atenta contra la certidumbre necesaria para la planificación e implementación de inversiones», sostuvo ASIET. Y agregó: «La Resolución perjudica el acceso al financiamiento competitivo y elimina incentivos para el desarrollo del ecosistema digital y la innovación, poniendo en riesgo los servicios prestados por más de 1.200 licenciatarios que operan en competencia en el país».
Alejandro Alfie
