La tormenta arreciaba en el mundo cripto, pero también en la economía argentina. “Hay que liberar el mercado de cambios”, le sugirió Carlos Maslatón a Sergio Massa en un encuentro que duró casi tres horas y media en el Palacio de Hacienda entre el ministro de Economía y las principales empresas líderes de ese rubro en el país. No solo se había metido con el fruto prohibido por Cristina Kirchner en el jardín del Instituto Patria, sino que el timing no podía ser peor para la constelación cripto: las cotizaciones se desplomaban por la crisis de solvencia de FTX, una plataforma de intercambio.
“Estamos acostumbrados”, retrucó tranquilo el hombre de Lirium, ex Patagon y uno de los fundadores de la Unión para la Apertura Universitaria (el brazo universitario de la Ucedé). Maslatón volvió sobre los problemas del tipo de cambio. Para él, la inflación ya está jugada y arreglar ese obstáculo liberaría el potencial para crecer, opina. Además, pidió quitar las trabas impuestas por el Banco Central (BCRA) y también por los bancos. Eso, dijo, frena el desarrollo de las criptomonedas en la Argentina, pese a que el país –porque el peso se hunde- es “vanguardia mundial” y en la región en este tema.
La respuesta del ministro fue elocuente, pero no por el cimbronazo que ese miércoles sacudía al mundo tecnológico, sino en referencia a aquel que comprime, cada vez más, a la economía local. “Si tuviéramos libre circulación de cripto, pero dentro del régimen jurídico y tributario argentino, no habría problemas, porque no se afectarían a las reservas”, aseguró. Regulación, más impuestos, pero -sobre todo- dólar. Esta es la ausencia que más preocupa al Gobierno.
La lenta sangría de reservas carcome la actividad económica. Los ejemplos se multiplican en el frente. La Cámara de Ferreterías dice que hay faltante de productos básicos en el 60% de los comercios. Escasean tornillos, alambre y chapa. La fábrica de John Deere tiene algunas de sus líneas de producción afectadas con personal suspendido. Allí trabajan 3200 personas. Nissan sigue con su planta cordobesa frenada hasta el lunes por falta de insumos. Las compañías que fabrican nacionalmente los estuches especiales de cartulina –con pegamento resistente a las bajas temperaturas- que sirven para exportar langostinos tienen pisadas las aprobaciones de SIRA, los nuevos permisos de importación.
A los problemas que esta semana manifestaron públicamente las empresas mineras, las navieras, y hasta aquellos que tenían que pagar licencias de Office o al proveedor mayorista de internet, se suma también la naciente industria del litio.
“La situación con las importaciones se está convirtiendo en crítica”, explica un documento interno al que accedió LA NACION de la empresa australiana Allkem, exportador de litio desde Catamarca y Jujuy. En esa firma dicen que tienen importaciones por casi US$6 millones frenados entre SIMI y SIRA. Ese informe confidencial estima que crecen los riesgos de perder más producción y retrasar el inicio de expansión que tenía prevista la compañía.
“Están colapsados los depósitos fiscales para mover la infinidad de importaciones que están paralizadas. Más de 20 días de demora, cuando lo habitual eran tres o cuatro días. Quilombo total”, afirmaron, en tanto, otros importadores.
Sin reservas en el camino
El tiempo es un enemigo. En la última semana, el BCRA perdió US$525 millones, el peor saldo semanal desde los primeros siete días de agosto. La sangría supera los US$1500 desde que se terminó el llamado dólar soja. No por nada, en la conferencia industrial del jueves, los empresarios terminaron rogándole a Massa por insumos para producir.
Diego Coatz, que se sumará representando a la UIA a la mesa de emergencia en la que está el Ministerio de Economía, la AFIP, la Secretaría de Comercio y el BCRA, dijo en su presentación que la brecha cambiaria, el acceso a los dólares o insumos, y el incremento de costos, son las restricciones al crecimiento industrial por el lado de la oferta. También hay, dijo el economista, por el lado de la demanda: tasas de interés, inflación, y consumo e inversión.
“¿Vos decís que lo anuncia Cristina?”, bromeaban en el Ministerio de Economía sobre los rumores que se expanden sobre una segunda versión del tipo de cambio diferencial para acumular dólares. La ironía oficial tiene que ver con el inminente viaje de Massa a Bali para participar con Alberto Fernández de la reunión del G20. Cristina será presidenta. Pese a la pérdida permanente de reservas, no hay todavía un horizonte claro sobre un nuevo tipo de cambio diferencial, más allá del cada vez más poderoso ajuste importador. Sin embargo, esos rumores -si se extienden- podrían comenzar a frenar aún más las liquidaciones a la espera de un nuevo dólar más conveniente. Esa situación podría acelerar las ventas diarias del BCRA. El campo tiene para aportar más de US$7000 millones (12 millones de toneladas de soja). Habrá que ver si Máximo Kirchner acepta que el gobierno de su madre vuelva a arrodillarse frente a las cerealeras.
La falta de dólares pone en riesgo la promesa de Massa a las empresas que ingresaron a Precios Justos. El ministro les garantizó sus planes de importaciones si congelan precios por cuatro meses de más de 1700 productos. Es programa es además una caja para los intendentes, sobre todo bonaerenses, que comulguen con los controles de precios.
La resolución 75/22 publicada el viernes de la Secretaría de Comercio contiene en su anexo el modelo de contrato firmado con los municipios para el control de precios. Los jefes comunales recibirán un 25% nominal de cada multa “firme y consentida” que ejecute Matías Tombolini a quienes no cumplan el congelamiento.
Los causales de las multas definidos oficialmente son amplios: falta de oferta -desabastecimiento- en al menos un 80% respecto a los productos del programa, errores en la señalética (carteles mal ubicados) en una o más sucursales en al menos 80% de los productos, mala utilización de esa señalética (ponerlo en productos que no están incluidos), restricción del número de productos vendidos por consumidor sin contar con autorización, y que los productos de Precios Justos se vendan más caros. Algunas importantes empresas se preguntaban al momento de conocer la lista de Precios Justos cómo era posible que en un programa tan popular no hubiera sido incluido ningún producto Manaos. Hay coronita.
El miedo de CFK
La inflación preocupa a Cristina Kirchner. No es para menos. El IPC porteño de octubre fue de 7%, mientras que la llamada “inflación de los trabajadores”, que mide la UMET, marcó 6,7%. Son dos números superiores al dato de septiembre. El índice de inflación del Indec para ese mes se conocerá el martes. Massa necesitaba una carta antes de que esa cifra se hiciera pública. Por eso, apuró Precios Justos, y, la semana pasada, también el acuerdo con la industria textil.
El Iaraf puso ese intríngulis político en estos términos: si se mide el poder de compra de los salarios en términos de Alimentos y bebidas no alcohólicas, se llega a la conclusión de que, en los primeros nueve meses de 2022, los trabajadores privados registrados perdieron 23,5% del poder de compra con relación a 2017. Los públicos, 27,3% y los informales, 38,7%. Al medir el poder de compra de los salarios en términos de Prendas de vestir y calzado, en los primeros nueve meses de 2022, los trabajadores privados registrados perdieron 28,6% del poder de compra con relación a 2017; los públicos, 32,2% y los informales 42,7%. “El conjunto de los ingresos de los argentinos, de trabajadores formales, informales y pasivos, ha venido sufriendo un profundo retroceso, desde 2016, de manera casi ininterrumpida”, afirmó consternada la cristinista Fernanda Vallejos, que no salvó en sus palabras la gestión de Fernández. Para ella, “el okupa”.
Pese a que Cristina Kirchner empuje a Massa a un nuevo congelamiento, esa medida no será suficiente para el kirchnerismo duro. “Si no tenés otras medidas, con el congelamiento de precios solo no alcanza”, admitió Roberto Feletti esta semana. El ex secretario de Comercio dijo que quiere una nueva Cristina Capitana. “Todos queremos ver un tercer mandato”. Feletti insistió en que, para mejorar la distribución del ingreso con un congelamiento, primero hay que vender al mercado interno y luego afuera. Cerrar las exportaciones, poner cupos o subir retenciones, viejas recetas ya usadas.
Cristina apuntará en esta dirección el próximo jueves cuando sea la única oradora en el Día de la Militancia. El mayor esfuerzo será por volver a separarse de su propio Gobierno. No es para menos. Una encuesta de octubre de D’Alessio Irol afirma que el Ejecutivo, entre sus propios votantes, muestra un descenso de 10 puntos en su evaluación positiva. El 31% de los consultados cree que las decisiones del Gobierno son tomadas por Cristina Kirchner. Aunque quienes votan al Frente de Todos salvan a la vice: sostienen, en un 60%, que el que decide es el Presidente.
Mientras Cristina ofrece su visión del mundo en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, Alberto Fernández estará camino a al G20 tras dar una vuelta carnero alineándose al presidente francés Emmanuel Macron en la crítica a la invasión rusa a Ucrania. Mientras, en la Argentina, el diputado José Luis Espert denunció que la Cancillería que conduce Santiago Cafiero convoca a empresas argentinas a la Exposición Internacional “Russian Industrialist” en San Petersburgo, cuyo objetivo principal es “servir de plataforma para el diálogo entre las grandes empresas y el Estado ruso”. Nada quedó atrás, dear Anatoly, diría Cecilia Nicolini: la Argentina sigue buscando ser la puerta de entrada para Vladimir Putin.
Francisco Jueguen
