Florencia Donovan
LA NACION
Ante el fragor de una Plaza de Mayo colmada, la primera como presidente de la República, Alberto Fernández prometió apenas asumió «desterrar a los que ganan con la timba financiera». No es la primera vez que la política elige de enemigo al sector, que ya desde tiempos bíblicos es asociado con disvalores como la avaricia o la usura. También Sergio Massa, su ahora alfil en la Cámara de Diputados, había apuntado en la misma dirección en 2016, cuando impulsó un impuesto a la renta de bonos, acciones y otros activos financieros.
Pero la realidad es que el relato, poco original pero siempre agradecido por las multitudes, no se condice con la realidad. La recientemente aprobada ley de solidaridad y reactivación productiva no solo elimina ahora el impuesto a la renta financiera que el propio Massa había ideado, sino que también pone presión en los jubilados, en la clase media y en el sector productivo o de la economía real, pero tranquiliza enormemente a los acreedores del país.
Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como los acreedores privados creen que una mejor situación fiscal derivará en negociaciones más amigables para el repago de la deuda pública. En el Gobierno estiman que la recaudación fiscal aumentará en unos $250.000 millones, a lo que se sumará el ahorro proveniente de la suspensión del ajuste por inflación de las jubilaciones. De ahí que las estimaciones privadas hablen de una mejora fiscal de entre 1 y 1,5 puntos del PBI.
La semana pasada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, terminó de conformar el equipo que se encargará de la renegociación de la deuda. En gran medida, el flamante ministro delegó en Sergio Chodos, designado representante argentino ante el FMI, para que eligiera los nombres (como el de Lisandro Cleri, ahora a cargo de la Unidad de Reestructuración de la Deuda) y diseñara la estrategia a seguir frente a los acreedores.
Quienes esperan que el Gobierno salga pronto con el anuncio de un megacanje de deuda podrán seguir esperando tranquilos. La estrategia del equipo económico pasará -al menos hasta marzo- por ir renegociando bono por bono a medida que se acerquen los vencimientos. Como hizo la semana pasada con Pimco, el fondo norteamericano que tiene gran parte de la emisión de bonos que vencen hoy (los Bopomo).
Hay dos factores no menores que juegan a favor de esta estrategia. Por un lado, a diferencia de lo que sucedió en 2001, no son cientos de miles de jubilados (italianos, alemanes y japoneses) y pequeños ahorristas los que compraron los bonos, sino que en su mayoría fueron grandes fondos de inversión. Por el otro, muchos de los gestores a cargo de los fondos están deseosos de llegar a algún tipo de arreglo. El colectivo «Wall Street» está formado por miles de hombres y mujeres que, a fin de cuentas, deben responder ante sus jefes y/o accionistas por las malas inversiones. Muchos de ellos están dispuestos hoy a recibir algún bono, aunque más no sea asumiendo una quita, con tal de tener un activo con liquidez que les permita mantener la rueda girando (y su empleo).
La estrategia apunta a la deuda en pesos, como las Lete y las Lecap, pero también a los bonos de legislación nacional. «La idea es ir normalizando -resume una fuente-. Fijate que con solo decir que se quiere normalizar la curva de pesos se emitieron la semana pasada 18.000 palos. A medida que lleguen los vencimientos, se irán rolleando o canjeando por nuevos bonos». Habrá asimismo un bono nuevo para las Lete en dólares re-reperfiladas hasta agosto de 2020.
Muchos acreedores locales forman parte de un mercado que de voluntario tiene solo el enunciado. Ninguna administración, no importa el signo político, ha tenido demasiadas dificultades para persuadir a bancos, compañías de seguros o fondos comunes de inversión para que suscribieran algún bono. Existen mecanismos más o menos amigables en función de los reparos que planteen.
También el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, a partir de la nueva ley de solidaridad, podrá incrementar sus tenencias de deuda del 50 al 70% de la cartera. Otro detalle más de un proyecto que no dejó temas por tocar.
Distinta es la historia para los bonos con legislación extranjera. Aunque, dado el peso que tienen en el cronograma de vencimientos de corto plazo (apenas representan unos US$4000 millones de los más de US$32.000 millones que vencen en 2020), son para el equipo económico un frente menos urgente. Las negociaciones con los tenedores de deuda internacional, de todas maneras, podrían arrancar en enero. No se descarta que terminen siendo los representantes de los acreedores los que deban viajar a Buenos Aires para reunirse, más que los funcionarios argentinos vayan a viajar a Wall Street. Recién para fin de febrero o marzo podría haber una propuesta de canje más general.
De cualquier manera, la idea de una renegociación gradualista no implicaría castigar a los acreedores privados con un acuerdo tan áspero como lo fue el del canje de 2005. Quienes conocen las intenciones del equipo económico aseguran que la idea sería postergar el pago de cupones de capital e intereses dos o tres años, pero convalidando una quita final que no llegaría al 40 por ciento.
Los precios de los bonos, en muchos casos, ya dieron cuenta de ello. Desde que asumió el nuevo gobierno, los títulos en pesos experimentaron un fuerte rally alcista: el Bonar en pesos que vence el año próximo, por caso, trepó casi un 30%. Todo un castigo para los que apostaron a la «timba». (Atentos a ello, varios emisores se aprestan a colocar bonos en pesos en el verano. La ciudad de Buenos Aires apunta a enero).
El peso que la renegociación de la deuda privada y con el FMI tiene en el plan económico que imagina Alberto Fernández es un reconocimiento, una vez más, de la dependencia que tiene la Argentina, como cualquier país, de la así llamada «timba financiera». Podrá no formar parte del relato, pero la realidad es que sin crédito (o mercado de capitales) no hay margen para la inversión. Mucho menos en un país que no genera la riqueza como para desarrollar su potencial.
El problema no es tanto que el plan económico de Fernández entre en contradicción con el relato del Frente de Todos, sino que todavía no queda claro cómo fomentará la recuperación de la economía real y del andamiaje productivo. El mensaje del Gobierno hasta ahora no invita a que el sector privado invierta. El incremento de la presión impositiva fijado en la ley de solidaridad social -con los aumentos de los aportes patronales, la suba de las retenciones y el diferimiento en el tiempo de los ajustes de los balances empresarios por inflación- desalienta a muchos.
El ejemplo más claro es la industria automotriz, que sufre un fuerte parate desde 2018. El mismo día en el que Fernández recibía de la industria y el sindicato su Plan Estratégico Automotor con Acuerdo Social y Productivo le asestó un golpe con un impuestazo que obliga a las automotrices a subir entre un 25 y un 50% el precio de casi la mitad de los modelos que se venden localmente. Para muchas, el golpe final para un mercado interno que ya estaba destruido.
También el campo empieza a preocuparse por la próxima campaña (la actual ya está jugada). Sin dólares en el sistema financiero local, ¿cómo hará el Gobierno para garantizar financiamiento para la siembra de la soja, que arranca en marzo? El sistema bancario argentino en moneda extranjera quedó reducido a su mínima expresión después de las PASO, y tras el susto de las últimas semanas, pocos se animan a usar esos dólares para dar nuevos créditos.
Solo una cerealera de las grandes demanda anualmente más de 1000 millones de dólares a bancos en el país. Pese a que el Gobierno ha dicho que quiere potenciar las exportaciones, prefinanciar ventas al exterior se ha vuelto una odisea.
Las multinacionales tampoco acostumbran a invertir en países en los que no tienen la garantía de poder repatriar sus utilidades. Desde que Mauricio Macri instauró el cepo, los pedidos de autorizaciones para la transferencia de dividendos se acumulan en el Banco Central. Y la situación no tiene visos de cambiar en el corto o mediano plazo.
En la industria farmacéutica hay gran preocupación por las deudas acumuladas por parte del PAMI (jubilados) y del IOMA (provincia de Buenos Aires), los dos grandes compradores de medicamentos del país. Antes de partir, la administración de María Eugenia Vidal se había comprometido a cancelar en cuotas la deuda pendiente de $3000 millones. El primero de los cheques que entregó fue rechazado la semana pasada por falta de fondos.
La decisión del oficialismo de eliminar de la ley de solidaridad el artículo que impedía durante todo 2020 la incorporación de nuevos medicamentos al Plan Médico Obligatorio (PMO) solo sirvió para apaciguar un poco la semana pasada el malestar del sector.
Por ahora, los únicos que reciben buenas noticias son el FMI y Wall Street. La Argentina productiva espera un plan.
Por: Florencia Donovan
