El aporte a las grandes fortunas sigue sumando polémica. La jueza federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre le ordenó a la AFIP que no le cobre el impuesto extraordinario al empresario Alejandro Scannapieco, ejecutivo del unicornio argentino Globant.
De acuerdo con el fallo, dictado el viernes pasado, la jueza resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, consecuentemente, disponer que la parte accionada se abstenga de aplicarle las disposiciones emergentes de la Ley 27.605”.
El empresario había presentado un amparo en la Justicia para no pagar el impuesto alegando que afecta a su derecho a la propiedad y no se trata de un “aporte solidario” como asegura la ley, sino de un tributo “confiscatorio”, el cual se “exige sin contraprestación, en forma coercitiva, no es voluntario u optativo, está destinado a contribuir a financiar el gasto público”.
“El aporte afecta su capacidad contributiva al menoscabar significativamente su renta, gravada ya con el Impuesto sobre los Bienes Personales y que de manera tangencial también se afecta el derecho de propiedad”, agregó el texto. El fallo se demoró en subir a las páginas oficiales, entre otros motivos, porque el expediente contaba con datos patrimoniales del demandante que están reservados.
Por el momento, la decisión tendrá una vigencia de tres meses con una caución real de $100.000 hasta que se resuelva la cuestión de fondo que reclama Scannapieco.
Qué hará la AFIP
Sin embargo, fuentes de la administración federal le adelantaron a LA NACION que apelarán a la medida. Según el Gobierno, el universo de aportantes sería de unas 13.000 personas, de las cuales seis presentaron amparos contra el impuesto a las grandes fortunas y “una de ellas obtuvo una decisión favorable” por parte de la Justicia.
Cabe recordar que el aporte “solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, creado bajo la Ley 27.605, prevé un pago por única vez para aquellos patrimonios que superan los $200 millones, con alícuotas que arrancan en el 2% y alcanzan hasta el 3,5% para bienes en el país y del 3% al 5,25% para bienes en el extranjero.
Si bien desde el Ejecutivo estiman que la medida alcanza a 13.000 contribuyentes, tributaristas y asesores fiscales privados aseguran que la cifra real podría escalar hasta las 30.000 personas.
