La estrategia del Gobierno para evitar una escalada inflacionaria en el año electoral

Y apuesta a un acuerdo con empresarios y gremios para “alinear” expectativas.

Por Mariano Boettner

La inflación y la resolución del acuerdo con el FMI aparecen en el horizonte como los dos desafíos económicos más urgentes que afronta el Gobierno este año. Las negociaciones con el Fondo Monetario, si el calendario que imagina el Gobierno se cumple, terminarían en los próximos dos o tres meses, pero la suba de precios se plantea desde los despachos oficiales como una batalla a largo plazo en el que hay muchos equilibrios finos en juego y en la que, si las fichas no se acomodan con precisión, el plan para reducir este año la inflación unos 5 puntos porcentuales puede peligrar.

El ministro de Economía Martín Guzmán suele utilizar como analogía la de un “fino corredor” en el que la economía tiene que atravesar la salida de la recesión, las tensiones cambiarias, la reducción del déficit fiscal y la corrección de tarifas de una manera tal que pueda mostrar una recuperación de la actividad. Y acompañando esas tres variables de la macroeconomía, un trabajo de alineamiento de expectativas de salarios y precios con empresarios y sindicatos, una vía que el Gobierno comenzará a desandar en los próximos días.

El jefe del equipo económico lo suele presentar desde hace algunas semanas como un plan antiinflacionario de cuatro partes relacionadas entre sí en lo que identifica como un “esquema integral para abordar una cuestión que es multicausal”. En primer lugar se ubica el dólar, lo que Guzmán considera como “la variable más importante para la formación de precios” y en segundo, la política fiscal, es decir, a cómo hará el Poder Ejecutivo para cubrir el déficit.

Estas dos primeras puntas están vinculadas. Según el ministro de Economía, el Gobierno planificó el Presupuesto 2021 con una estimación de qué nivel de emisión monetaria para financiar el rojo fiscal comienza a amenazar la estabilidad cambiaria. “Una parte (de lo emitido) va a presionar al mercado comercial, va a ir a las reservas y nuestra meta es acumular reservas”, afirma el ministro en sus charlas en universidades del interior del país.

Para que esa presión cambiaria no implique una volatilidad que complique el frente inflacionario, el equipo económico planteó una devaluación del peso administrada por el Banco Central de forma tal que el tipo de cambio real se mantenga, a fines de 2021, en el mismo nivel que tenía en 2020, año que, a su vez, finalizó con el mismo nivel que en 2019. “Esa depreciación es consistente con el objetivo de inflación”, asegura Guzmán.

Esta semana el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas dijo que el dólar este año “es probable que crezca 3 o 4 puntos menos que la inflación proyectada”, que es de 29% según el Presupuesto. De esa manera, el tipo de cambio mayorista debería terminar el año en un nivel superior a los 100 pesos. Aún con el cepo vigente, en el Palacio de Hacienda entienden que un nivel de emisión de pesos mayor al previsto puede representar un desafío para el frente cambiario.

El Gobierno necesitará un financiamiento elevado en el mercado doméstico para cubrir el rojo fiscal previsto para 2021, que Economía estimó en 6% del Producto Bruto Interno. La mayor parte (3,2% del PBI) será financiada con emisión monetaria del Banco Central, por un total de 1,2 billones de pesos, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda. “Si nos pasamos de rosca y emitimos más, eso presiona al dólar”, admitió Guzmán hace algunos días.

La otra parte es la que deberá obtener Finanzas en sus licitaciones quincenales de deuda en pesos. Representará un 2,8% del PBI, lo que implicaría nada menos que un billón de pesos de financiamiento neto, es decir, el excedente colocado una vez cubiertos los vencimientos en cada ocasión. Tras las primeras tres licitaciones del año, el Ministerio de Economía obtuvo unos $65.000 millones, un decir 6,5% del total necesario para 2021.

La tercera pata del plan es el de las tarifas, en el que no solo hay cuestiones presupuestarias en el medio sino también políticas hacia dentro del Frente de Todos: un aumento en los servicios públicos en pleno año electoral no figura entre las prioridades del oficialismo que responde a Cristina Kirchner. En distintas presentaciones públicas Guzmán defendió su proyección presupuestaria -en un mensaje hacia afuera pero también hacia la propia coalición gobernante- que sostiene que el gasto en subsidios debe mantenerse estable en relación al PBI. Esto implicaría, desde ya, descartar un congelamiento más prolongado.

“Venimos trabajando en un cuadro tarifario, el marco para eso la ley de Presupuesto 2021 que establece cuál es el monto de subsidios sobre el PBI en el cual se debe enmarcar el cuadro tarifario. Vamos a desestimar el cuadro tarifario de la gestión anterior porque no lo consideramos razonable”, afirmó. Y en ese sentido, concluyó: “Queda afuera porque no lo consideramos razonable en función de alinear los objetivos de tarifas razonables para los hogares y las empresas, alcanzables y alineadas con fomentar la competitividad y que al mismo tiempo sean tarifas que fomenten los incentivos a la inversión”, dijo Guzmán.

Para poder cumplir esa premisa, las boletas deberían tener aumentos por encima de la inflación proyectada. De acuerdo a un trabajo de la consultora Ecolatina, las boletas de luz y de gas deberían aumentar este año un 40% para que las subvenciones tengan el mismo peso presupuestario (2,6% del Producto Bruto Interno) que en 2020. Para PxQ, la consultora que dirige Emmanuel Álvarez Agis, el aumento que requerirían sería del 30%. Y por su parte, los economistas Julián Rojo y Alejandro Einstoss, especialistas en el sector energético, estimaron que en realidad las tarifas precisan un incremento de piso de 60% para el gas y de 40% para la energía eléctrica.

Por último, Guzmán suele hablar de una cuarta pata en esa mesa que es, precisamente, un espacio de acuerdos con empresas y gremios para “alinear” expectativas de suba de precios y de negociaciones paritarias. “En economías estables no se usa, pero en una como la argentina es necesario. Si no hacemos nada, podemos llegar a tener un equilibrio ‘malo’, con una inflación más alta. Hay que juntar a los actores fundamentales. ¿Cuál es el sentido? La efectividad de coordinar expectativas, no tenemos un ancla de precios”, definió el ministro.

En ese sentido buscará avanzar en los próximos días el Poder Ejecutivo. El gabinete económico resolvió convocar a empresas y sindicatos para reunirse en lo que sería el inicio del Consejo Económico y Social del que el presidente Alberto Fernández habla desde la campaña presidencial y que la crisis económica y sanitaria de la pandemia dejó a un lado.

Para los analistas consultados por Infobae, los cuatro puntos del plan para evitar una escalada de la inflación que explicitó Guzmán no tiene en cuenta otras variables como la brecha cambiaria, las tasas de interés, el aumento de los salarios y la estabilización previa de la macroeconomía.

Para Emilia Calicibete, economista de la consultora LCG, “desde el gobierno buscan bajar la inflación o en su defecto tratar que los salarios crezcan más que los precios en un intento de recuperar poder adquisitivo. Esto resulta casi utópico teniendo en consideración que los salarios ya llevan casi tres años de pérdida de poder adquisitivo interanual y todavía seguimos en contexto de pandemia, por ende las posibilidades de reversión de la situación son muy bajas”, explicó.

“A su vez, desde el gobierno buscan mantener estable la brecha cambiaria, por ende, la única salida será evitar presiones sobre el dólar y la inflación aumentando la tasa de referencia para intentar captar los pesos de quienes ahorran. La tasa de los depósitos que se encuentra en 34% en pesos quedó muy desalineada a la inflación y a la expectativa de devaluación del dólar libre”, comentó.

Según Calicibete, en el futuro será determinante “la comunicación clara para generar confianza y credibilidad en el público”, dijo. “Dado que desde el equipo económico no se muestran señales de querer devaluar la moneda o de algún tipo de flexibilización del cepo, si los ahorristas no confían en que la inflación será la presentada en el presupuesto, buscarán resguardarse en moneda extranjera, pero, restringidos del mercado de cambios oficial, recurrirán al tipo de cambio paralelo y la brecha tenderá a aumentar.

En ese sentido, Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria, “con una brecha del 75% no hay economía que funcione: los incentivos se desalinean, el exportador demora la liquidación y el importador acelera, llevándose las reservas del BCRA. Por eso es que vemos que tiene que vender dólares sistemáticamente en el mercado cambiario. Si bien la suba abrupta del tipo de cambio puede generar inflación en los primeros meses, luego opera como un ancla si el mercado compra el plan de estabilización”, consideró.

“Ningún acuerdo de precios funciona si no se enmarca dentro de un plan de estabilización de la macroeconomía que consista en corregir el déficit fiscal y ser consistente en el plano monetario. Los gobiernos a veces los usan como única ancla de un plan desinflacionario, y lo único que terminan generando son subas de precios abruptas cuando dejan de funcionar y desabastecimiento si se prolongan a la fuerza. Un plan antiinflacionario empieza por corregir los desequilibrios estructurales, después se tienen que coordinar expectativas”, explicó Paolicchi.

Por eso, el economista de Empiria concluyó que “un plan antiinflacionario requiere estabilizar la macroeconomía primero. No se puede hacer desordenado y se necesita una altísima coordinación, explicitando el plan de entrada. Algo que por ahora no vemos que el Gobierno esté dispuesto a hacer”, cerró.