La bomba que le deja Alberto Fernández al próximo gobierno

Alberto Fernández y Cristina Kirchner construyeron un instrumento de relojería. Es un dispositivo financiero con capacidad para destruir mucho en poco tiempo y el calendario indica que una parte sustancial comenzará a detonar cuando termine este gobierno.

A tal punto que ese temor aparece entre las advertencias que sus asesores en el área económica les llevan a Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y los dirigentes radicales.

Desde la mirada del Frente de Todos, es casi una devolución de gentilezas. Fernández quiere enjuiciar a Macri porque le dejó una gran deuda en dólares. El expresidente, en cambio, se enfurece cuando lo alertan sobre la montaña de pesos con los que esta gestión sobrecargó a la Argentina, algo que reduce las posibilidades de éxito del próximo gobierno.

Puesto en una planilla de cálculo, el peligro se ve real: volcar todos los instrumentos financieros que el kirchnerismo destinó a absorber pesos implicaría duplicar la cantidad de dinero que está en la economía. Es decir, por cada peso que hay en la calle, se sumaría otro, en un momento en que la plata no vale nada y nadie quiere quedarse con la moneda argentina.

Entre las intersecciones de los equipos opositores que están trabajando con miras a 2023 maduran herramientas para evitar una explosión en caso de llegar al poder. Hay algunos acuerdos: habrá que jugar en el margen con los bancos sin esmerilar la confianza de quienes tienen depósitos, crear nuevas herramientas por parte del Banco Central, enviar una señal contundente de convergencia en las cuentas nacionales y, eventualmente, cambiar la moneda en el contexto de reformas más profundas.

Los demonios de la dirigencia política cambiaron de signo monetario. Mientras la fórmula Fernández/Kirchner llegó al poder cuestionando el endeudamiento en dólares, la cúpula de Juntos por el Cambio está ahora más preocupada por la enorme cantidad de pesos que fueron emitidos para cubrir el excesivo gasto de la Casa Rosada.

Algunos pecados de campaña persiguen al Presidente. En 2019 había prometido dejar de pagarles a los bancos los intereses de las Letras de Liquidez del Banco Central (Leliq) para recomponer las jubilaciones. Fernández les recortó hasta 18 puntos porcentuales a los jubilados en 2020, algo que se nota en sus ingresos hasta ahora, pero también le echó más tierra a la montaña que prometía achicar.

Las Leliq son pasivos remunerados. El Estado paga un interés para que los bancos le presten plata que inmoviliza. Se usan para esterilizar los pesos que se vuelcan al mercado. Si ese dinero llegara a la calle, aceleraría una inflación que ya viaja a una velocidad peligrosa.

Macri dejó un rojo de estas letras cercano a los US$10.000 millones. Hoy superan los US$40.000 millones. Se emiten en pesos. Hoy dan un número difícil de manejar mentalmente: 5.035.000.000.000. La bomba que iba a desactivar Fernández para pagarles a los jubilados multiplicó su potencia por 7,5. Le explotará al que sigue, porque el Gobierno no tiene previsto hacer nada para moderarse. Si el Estado emitiera todo lo necesario para pagarla, se le abriría la puerta a experiencias turbulentas de fines de los 80.

Hay al menos tres equipos importantes atendiendo estos temas. El exministro Hernán Lacunza lidera uno de ellos, secundado por el extitular del Banco Central, Guido Sandleris. Son la conducción de un grupo conformado por más de 70 especialistas que están dedicados a analizar desde la macroeconomía hasta los pequeños detalles de cada sector productivo y los casos de éxito de otros países que superaron los problemas que todavía tiene la Argentina. En la lista están Israel, Brasil, Perú y Chile.

Carlos Melconian maneja otra usina potente en la Fundación Mediterránea. Desde allí no solo piensa en planillas de cálculo, sino en la viabilidad política del Excel. Para eso se reúne con gobernadores de cualquier color y empresarios influyentes. Trabaja fuera del marco institucional de Juntos por el Cambio, pero su filiación afectiva es incuestionable.

Luciano Laspina es uno de los pilares de Patricia Bullrich en estos temas. Formó un grupo de 15 especialistas activo desde hace más de un año. Empezaron a correr modelos predictivos, entre otros, ayudados por la consultora de Orlando Ferreres. Buscan determinar la reacción a ciertas decisiones, como qué ocurriría si se bajaran impuestos.

Hay otros conductores designados. Martín Tetaz trabaja algunas líneas específicas, Eduardo Levy Yeyati asesora a los radicales y el joven Matías Surt es el elegido de Elisa Carrió para participar en la mesa de discusión.

Todos dialogan entre sus diferencias. Su intención es converger en un plan común, cuya orientación final definirá quien sea candidato.

Entre las alternativas para desarmar el dispositivo, algunas conducirían a cambios con efectos históricos: en el marco de un nuevo régimen monetario, hay quienes proponen crear una nueva moneda que reemplace al peso. Los bosquejos de Lacunza, Laspina, Melconian y Tetaz contemplan opciones en esa línea con más o menos preponderancia.

En el pasado, cuando hubo un cambio de régimen, como el austral en los 80 y el peso, en los 90, aumentó la demanda de dinero más allá del crecimiento de la economía. De manera que la bola de pesos que acrecentó el Frente de Todos podría derretirse de a poco entre la población sin generar una inundación. En una simplificación extrema: si la gente suma confianza para quedarse con el dinero en lugar de sacárselo de encima, puede empezar a achicarse el tamaño de la bomba financiera que se está generando.

Tetaz explora esa hipótesis, la discute con Martín Lousteau y tiene cada vez más diálogo con Lacunza. Es algo así como el edén financiero de la Argentina futura, en contraposición con el infierno actual.

Hay otras alternativas bajo estudio. Sandleris es uno de los que tiene guardadas planillas de cálculo. La clave del éxito, sin embargo, no es solo numérica, sino también psicológica: depende de que quien tiene dinero en el banco no se asuste, mantenga la confianza o incluso la aumente.

Sucede que la deuda del Estado con el sistema financiero es la contracara del dinero de los depositantes. Un eventual golpe a los primeros llegaría a quienes tienen sus ahorros en los bancos. De allí surge una verdad incuestionable para los equipos de trabajo: los bancos son una vaca sagrada que la oposición resguardará cueste lo que cueste. Lo contrario implicaría volver a situaciones muy complejas, pero de principios de los años 90. Las acciones de los historiadores económicos están en alza en la política.

La deuda del Banco Central dificulta la posibilidad de hacer política monetaria potente. Por eso, los equipos que están trabajando buscan un mecanismo que permita disociar las Leliq sin encender alarmas. Podría ser un cambio en los encajes (la cantidad de plata de los depositantes que los bancos tienen que mantener inmovilizada) o la emisión de un nuevo título que reemplace a los actuales, como pasó en la gestión de Mauricio Macri con las Lebac.

A esta altura es probable que Cristina Kirchner y Alberto Fernández estén mal asesorados o mientan a propósito con respecto a un punto central de su pelea con Mauricio Macri.

El Frente de Todos acusa a Cambiemos de haber endeudado al país con el préstamo por más de US$44.000 millones contraído con el FMI. En la práctica, la gestión de Macri incrementó el rojo, pero Fernández subió un cambio en esa carrera.

Entre el financiamiento al Tesoro (lo que pide el ministro de Economía, Martín Guzmán) y el Banco Central, Cambiemos sumó más de US$12.000 millones en promedio por año de gobierno. Fernández, en cambio, lleva un nivel cercano a los US$33.000 millones, según las cifras que maneja la oposición.

Si se toma en cuenta la deuda que contrajo solo el Ministerio de Economía, la de Macri había crecido a un ritmo de US$18.545 millones hasta noviembre de 2019. Desde el mes siguiente hasta abril pasado, Fernández tenía un ritmo de US$25.225 millones. No se entiende, entonces, por qué el kirchnerismo canta victoria donde hay una derrota, un mecanismo que ya usó para digerir las elecciones del año pasado.

Cualquiera que sea el resultado, la deuda es una debilidad para el país. En diciembre de 2023, cuando se renueve el mandato presidencial, quien suceda a Alberto Fernández, se encontrará con un ticket de vencimientos con actores privados por US$65.000 millones.

Martín Guzmán armó un conjuro para las críticas. En lugar de pedir prestado en dólares, lo hizo en pesos. Pero hay una trampa: están indexados por algún mecanismo, por lo que no se pueden licuar por inflación. Todo lo contrario. Cuando más aumenten los precios o el dólar, crecerá la cantidad de billetes a pagar. De ahí nace otro de los temores a la indigestión de pesos.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner están encerrados en una cárcel de paradojas. Debido a la inflación en EE.UU., la deuda en dólares se licuó en los últimos años. Era imposible que Fernández o Guzmán estuvieran al tanto de ese detalle del diario del lunes. Pero con el diario del lunes, hubiese sido más conveniente -al menos de manera coyuntural- pedir prestado en dólares. En materia de deuda, Alberto Fernández es La Farolera: si se pone a contar, verá que todas las cuentas le salieron mal.

Hay un gráfico sugestivo sobre el funcionamiento de 15 bonos claves. La Argentina no tiene que cancelar capital en lo que queda de la gestión actual, pero debería poner US$7282 millones en los primeros dos años del próximo gobierno en ese ítem, por ejemplo. En la negociación de Fernández, paga el que sigue. Con una salvedad: pese a que las encuestas y la expectativa de Cristina Kirchner van en sentido contrario, el Presidente aún confía en que el que sigue pueda ser él.

En el penúltimo año del próximo gobierno dejarían de llegar recursos del FMI, el pasamanos con el que se cancelan los vencimientos hasta esa fecha. Luego, habrá que pagar con fondos genuinos generados por el país. Ese punto, alrededor del cual Fernández organizó sus primeros dos años de gobierno, ocupó la mayor parte del tiempo del ministro de Economía y ocasionó la fractura del Frente de Todos, casi no es un problema para Juntos por el Cambio. Están convencidos de que las deudas con el Fondo siempre se pueden discutir.

El combo para 2023 se completa con otras carencias alarmantes. Ninguno de los presidenciables espera que para fines del año próximo haya reservas importantes en el Banco Central. Es un clásico del modelo: Cristina Kirchner dejó casi en cero esa cuenta cuando se fue en 2015. De manera que, si ocurre lo mismo, será imposible hacer política cambiaria. Hay pruebas en esa dirección: pese a que el campo le asegura al Gobierno un ingente ingreso de dólares porque la soja alcanzó los mejores precios desde 2012 el último jueves, no tiene divisas para comprar agroquímicos.

El deporte nacional de cualquier sector es ahora obtener dólares baratos al Banco Central con importaciones y evitar vendérselos con exportaciones. Quizás por eso Matías Kulfas trabajaba en secreto en un plan para eliminar las retenciones a la exportación de productos del campo y reemplazarlas por un método de estabilización de precios internos ante las subas, pero que también actuara como sostén ante las caídas de las materias primas. Se entiende, así, que el enojo de Cristina Kirchner con el exministro fuera más allá de un off the record.

Guzmán, además, gasta ahora balas que no estarán en el futuro. A fines de mayo le vendió al Central US$2700 millones para reducir el volumen de adelantos transitorios y reservarse la chance de seguir pidiendo dinero. Son dólares que se van para poder seguir emitiendo, el asfalto que pavimenta la ruta de la inflación.

En la práctica, Fernández maldijo por la deuda al Fondo, que hoy es su principal benefactor, ya que recibió de él un saldo neto a favor de US$4500 millones.

La suba de precios en la era de Alberto Fernández es enorme. Pero, también, mentirosa. Pese a que los aumentos promedio rondarán este año el 70%, según cálculos privados, muchos precios están contenidos artificialmente. Si esas cadenas no se aflojan, recrudecerá la falta de productos y las cosas treparán aún más en el futuro. Se llama distorsión de precios relativos. Quizás el ejemplo paradigmático es la energía: en el país que podría abastecer a Europa de gas, los surtidores tienen cruzadas las mangueras.

Puesto en negro sobre blanco. Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti podrían preguntarse por qué el rubro del que participa su empresa Edenor tuvo un ajuste de precios del orden del 80% en comparación con el 253% que subió la ropa en la gestión del Frente de Todos hasta abril pasado. Y nadie debería sorprenderse en caso de que Héctor Magnetto, uno de los dueños de Telecom, llame la atención sobre el ajuste del 71% en el rubro Comunicación, en comparación con el 185% que subieron los restaurantes y los hoteles.

Todos los equipos económicos de los principales candidatos de la oposición están de acuerdo en que el padre de los problemas es el rojo en las cuentas públicas. La calle del déficit fiscal dobla en la esquina del cepo cambiario y conduce a la inflación. El problema es que tomar la ruta contraria implica tomar decisiones antipáticas, como recortar el gasto público. Es un ticket que Mauricio Macri pagó con la derrota electoral.

En la línea política de Juntos por el Cambio surgió una hipótesis para trabajar con la economía. Sostiene que hay que hacer el trabajo duro al principio, agotar el crédito electoral de un eventual triunfo como el saldo de una tarjeta de obsequio y llegar al último año del primer mandato con un nivel de estabilidad y actividad capaces de generar las posibilidades para un nuevo triunfo. Eso implica afectar intereses desde el primer día en el gobierno.

Quizás la duda mayor tiene que ver con lo que no hay: el dólar. Allí no aparecen posiciones del todo definidas. Aunque algunos son más moderados, Laspina, por caso, ya discutió con la titular de Pro y con Mauricio Macri sobre el tema. Piensa que el cepo es la medida económica más propia del kirchnerismo. Promover un cambio de modelo sin bajar la principal bandera del anterior dificultaría las posibilidades de generar confianza. Después de todo, ese es el punto: aún no hay confianza en la confianza que pueda generar en los factores de poder el hecho de trasladar la banda presidencial sin modificar cosas más profundas que el solo hecho del portador.

Un hecho fundacional ocurrió el jueves pasado, cuando se desató una corrida contra los bonos que ajustan por inflación por la intuición de que la Argentina tendrá un problema para pagar esa deuda. La sospecha es que parte de los pesos que devolvieron esas ventas fueron al dólar, por lo que subieron los paralelos.

Guzmán culpa a la oposición. Le adjudica versiones sobre la necesidad de cambiar los vencimientos de deuda en este gobierno, algo que habría generado retiros masivos de los fondos por parte de empresas que a su vez también tienen que pagar aguinaldos este mes.

El ministro advirtió ese mismo día que sería responsable que la oposición se manifestara públicamente sobre la deuda en pesos. Critica algo similar a lo que hizo Fernández tras las PASO de 2019, cuando cada vez que hablaba del dólar, subía.

En aquel momento, Hernán Lacunza habló con el ahora presidente para cuidar las reservas del Banco Central. Quizás haya llegado el momento de que el ministro de Economía tenga una charla con referentes de Juntos por el Cambio. El presente es kármico para el Frente de Todos.

Pablo Fernández Blanco