Ante la consulta de LA NACION, aceptaron que la intervención de los gremios no fue incluida dentro de los acuerdos con las empresas; los supermercados, resignados ante la repetición de una vieja fórmula.
Las imágenes de dirigentes del sindicato de Camioneros en centros de distribución de grandes cadenas de supermercados encendieron las alarmas en la oposición y en parte del empresariado. ¿Qué potestad tienen los representantes de un gremio o piqueteros para revisar depósitos privados de una compañía?
En el Gobierno, ante la consulta de LA NACION, admiten que esta forma de control no cuenta con un marco legal específico, no fue incluida en los acuerdos escritos y voluntarios firmados con las empresas, ni tampoco fue resuelta formalmente con los sindicatos. Ocurrió de palabra y sin un canal institucional.
Sin embargo, fuentes oficiales insisten con que los sindicatos no tienen capacidad de imponer multas o sanciones, como sí ocurre en el caso de los municipios, cuya participación fue plasmada en los acuerdos. Los inspectores de las intendencias hacen una auditoría de precios y stock y se llevan para las localidades una tajada del monto de las sanciones: 30%. Camioneros solo tendría capacidad para informar a la Secretaría de Comercio.
Además, desde el Gobierno agregaron que Camioneros no es el único gremio trabajando bajo esta modalidad. El sindicato de Alimentos, Comercio, de Plásticos, de Vidrio, y la Unión Obrera Metalúrgica, entre otros, formarían parte de un grupo de “agentes de información” que abastecen de datos a la Secretaría de Comercio para tomar medidas contra determinadas empresas que incumplen los acuerdos, en los distintos rubros en los que se firmaron, como celulares o insumos intermedios. Sin embargo, los dos primeros gremios mencionados (a cargo de Rodolfo Daer y Armando Cavalieri, en ese orden) negaron su participación a LA NACION.
Este medio también consultó al Ministerio de Economía con respecto a la operatoria y el canal de comunicación de los sindicatos con los funcionarios nacionales. Los camioneros son responsables de verificar que los listados de stock que cargan a sus vehículos coincidan con los pedidos de reposición realizados por los supermercados. Estos serían, de acuerdo con fuentes oficiales, elevados por las propias cadenas a las oficinas gubernamentales para su control en los depósitos, que tienen como fin verificar el abastecimiento por parte de los proveedores, como P&G, Molinos Río de la Plata, Colgate-Palmolive y Unilever.
Camioneros debería informar ante entregas parciales, demoras en el suministro a los puntos de venta o suspensiones en el transporte. En la Secretaría de Comercio expresaron desconocer cuál fue el mecanismo delineado para elevar los reclamos. Posteriormente, desde el Palacio de Hacienda se encargan de llamar a la empresa proveedora de productos para consultar por el motivo de la tardanza.
Por otra parte, el Gobierno asegura que no hubo reclamos formales ni informales de las empresas dentro del programa Precios Justos. Pese a ello, la avanzada de los Camioneros es vista en los supermercados con una mezcla de preocupación y resignación. La inquietud pasa por la relación que mantiene el sector con el gremio que conducen los Moyano.
En los últimos años, los supermercados tuvieron más de un conflicto con el sindicato de los Camioneros -el último de relevancia fue la toma de un centro de distribución de Changomás, en marzo de 2021- lo que explica los resquemores que genera cualquier acción sindical.
La resignación se explica a partir del hecho de que los supermercados aseguran que la participación de los sindicatos en los controles de precios no es algo nuevo. “Este tipo de inspecciones también se hicieron durante las gestiones de Paula Español y Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio y creo que tienen más de show para la prensa que otra cosa”, explicó una fuente del sector supermercadista.
En las grandes cadenas, además, destacan que por el momento el accionar de los “inspectores” sindicales se limitan a una tarea de monitoreo de los inventarios en sus centros de distribución. “No están amenazando con aplicar multas y sólo se limitan a ver los stocks de mercadería que tenemos”, explicaron en un supermercado.
“Estaría bueno que los controles que nos están haciendo a nosotros también se apliquen a los proveedores, porque hoy estamos enfrentando problemas de abastecimiento. Básicamente, las grandes empresas te entregan en promedio el 50% de las cantidades pedidas. Y cuanto más grande y más nacional es la compañía fabricante, más problemas existen en las entregas”, explicaron en otra cadena.
Con la colaboración de Nicolás Balinotti
Camila Dolabjian
Alfredo Sainz
