Las pistas sobre el camino que tomarán Martín Guzmán y su reforma tributaria se acumulan lentamente.
A comienzos de este mes, por ejemplo, el hombre encargado de diseñar la política tributaria en el Ministerio de Economía, Roberto Arias, reafirmó tres conceptos frente a los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA).
La necesidad de «recuperar la sostenibilidad fiscal» y de «financiar el gasto público» mencionados dieron a entender la necesidad de más recursos para el Estado. El tercero retomó un reclamo del sector privado, aunque esos avales siempre vienen con límites: «Hay que traer ideas novedosas que incentiven la inversión, la producción y la exportación, con un esquema que no comprometa la recaudación». Nada dijo sobre la eficiencia de esa recaudación, la base tributaria o el gasto.
Tales indicios empujan a los más importantes empresarios de la Argentina a acercarse al Ministro de Economía. «El diálogo entre el sector público y el privado genera un espacio de reflexión y aprendizaje, confianza y entendimiento», les dedicó Guzmán en una charla con Paolo Rocca la semana pasada. Sin embargo, con matices, volvió a avisar lo que piensa cuando repitió una de sus frases leit motiv: el rol de dinamizar la demanda agregada es un rol del Estado. De eso se desprende una conclusión: el sector público quebrado necesitará más recursos del privado para impulsar el crecimiento. El temor de los empresarios es que esos fondos provengan de sus extenuadas cuentas tras el año con la mayor recesión de la historia.
El Gobierno ya conoce la materia. Este año sumó: impuesto PAIS, aumento de bienes personales, de costos laborales (doble indemnización), suspensión de baja de impuestos a las ganancias a las sociedades, suba del impuesto al cheque, de retenciones, cambios en el ajuste por inflación (era en 3 años y pasó a 6), percepción de ganancias a la compra de dólares, suba de impuestos internos a los electrónicos, fondo de incentivo docente, impuesto a las apuestas online, contribución sobre las primas de los seguros de los autos, de seguros para el manejo del fuego, aporte extraordinario a las grandes fortunas. Para no ser injusto vale sumar que, ante la quita de coparticipación, la Ciudad también gravó con sellos las tarjetas de crédito, y con ingresos brutos las leliqs y los pases. El premio a lo más extravagante de 2020 fue probablemente el llamado impuesto al viento en aprobado en Puerto Madryn.
LA NACION hizo dos preguntas a 20 economistas privados y tributaristas. ¿Son altos los impuestos al sector privado en la Argentina? ¿Están bien diseñados? La mayoría de ellos respondió que los impuestos son elevados en los tres niveles de gobierno, sobre todo si se ajustan sólo al sector formal, ya que en el país hay mucha informalidad y, por ende, una significativa evasión y poca eficiencia para recaudar.
Además, concluyeron que el sistema tributario no tiene un diseño que incentive el ahorro, la inversión, la producción, las exportaciones y la generación de empleo. Los impuestos de hoy, explicaron, fueron creados en emergencias para financiar el gasto público en diferentes momentos. Muchos vinieron en cascada y son «distorsivos».
También señalaron que la inexistencia de un esquema simple, claro y duradero en el tiempo produce incertidumbre entre empresas e individuos. Por último, cuestionaron la baja contraprestación de los servicios estatales (la eficiencia del gasto) elementales, tales como salud, educación y seguridad públicas.
LA NACION consultó a Daniel Artana (FIEL), Gabriel Rubinstein (GRA Consultora), Camilo Tiscornia (C&T), Jorge Vasconcelos (Ieral), Tobias Pejkovich (Abeceb), Guido Lorenzo (LCG), Agustín Etchebarne (Libertad y Progreso), Ricardo Delgado (Analytica), Fernando Marengo (A & A Macroanalistas), Miguel Kiguel (Econviews), Daniel Marx (Quantum Finanzas), Lorenzo Sigaut Gravina (Ecolatina), Esteban Domecq (Invecq Consultora Económica), Martín Vauthier (EcoGo), Gabriel Caamaño (Ledesma), Matías Cagurati (Seido), y a los tributaristas o expertos en impuestos César Litvin, Diego Fraga, Iván Savsosky y Juan Mariscal.
¿Cómo medir la presión impositiva? Como suele suceder, cada interesado tiene su dato. Algunos enrostran el ranking de la OCDE, que mide recaudación contra PBI, que ubica a la Argentina en mitad de tabla cerca del puesto 40 (con una presión cercana al 30%). Pero estos termómetros no suelen tener en cuenta dos cosas: impuestos subnacionales e informalidad de la economía, que en el país roza el 35%. Cuando se ajusta por el sector formal, algunos hablan de un 50% del PBI.
Otros usan el ranking del Banco Mundial de tasas de impuestos totales que pagan las empresas sobre el porcentaje de sus ganancias. Esta tabla de posiciones afirmó que el país paga una tasa de 106%, lo que llevó a afirmar a muchos economistas que la Argentina tiene una presión impositiva que sólo es superada por la Isla de Comoras (219,6%). En el Gobierno creen que es «poco serio».
Quienes trabajan estos temas en el equipo económico miran los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) de recaudación neta sobre PBI. Eso pone a la Argentina en el puesto 52 en el mundo con una presión impositiva del 33% en 2020. Algunos técnicos dicen que estos índices diluyen la presión por la informalidad (aunque quienes trabajan «en negro» también pagan algunos impuestos). En el Gobierno afirman que todos los países tienen estos problemas del «negro», aunque reconocen que son menores en países desarrollados y mayores en América Latina.
«La presión tributaria tomando recaudación sobre PBI en la Argentina en los tres niveles del gobierno es de las más altas de la región junto con Brasil», estimó Artana. Cuando uno calcula la presión tributaria sobre el sector formal de la economía es mucho más alta del promedio. «Un trabajo de FIEL de 2006 nos daba que era un 30% más elevada que el promedio general. Eso indica que el sector formal de la economía tiene presión similar a la europea con una mezcla impositiva mucho peor que los países desarrollados, con exceso de impuestos en cascadas, que son muy ineficientes», añadió el economista, que indicó además que la evasión es muy alta y el sistema de recaudación muy ineficiente, lo que implica que con alícuotas muy altas en algunos impuestos se recauda menos que en otros países que tienen alícuotas menores, pero que logran una mayor eficiencia en la recaudación.
«Cuando se ajusta por la gente que paga los impuestos la presión tributaria es fenomenal», indicó Marengo, economista jefe de Arriazu Macroanalistas. «La carga tributaria por aportante es extraordinaria», agregó, y también criticó las contraprestaciones que reciben los argentinos por lo que pagan de impuestos. «No incentiva la inversión no fomenta el ahorro. Se trata de un sistema tributario sobredimensionado en la cantidad de tributos, complejo, que se modifica todo el tiempo, con sopreimposiciones y que tiene muchos impuestos en cascada», dijo.
«Los impuestos son altos y las empresas lo trasladan todo lo que pueden al resto de sus propias cadenas de valor y finalmente a los consumidores. Entre otros problemas, esto trae aparejado mucha dificultad para tener una economía abierta al mundo, vigorosa, ya que gran parte de las empresas sienten que no podrían competir con productos importados y la venta en negro», afirma Rubinstein, que agrega que esto suma un problema para el Estado: menor recaudación.
A Tiscornia le sorprende que un país que quiere impulsar el consumo, el trabajo y las exportaciones apuesten a subir gravámenes sobre esas actividades. Domecq marca que el actual sistema es regresivo y que tiene «sesgos antiinversión y antiexportación». Carugati afirma que se cobran relativamente más impuestos sobre el consumo y los activos (propiedades) que sobre los ingresos y pone el foco en la distorsión del impuesto a los ingresos brutos en las provincias argentinas. Marx, Kiguel y Vauthier consideran que el sistema actual es poco progresivo, distorsivo, e ineficiente. El de EcoGo reclama un consenso para que los impuestos recaigan más sobre los individuos que sobre las empresas. Delgado estima que ese consenso debe incluir necesariamente a las provincias y a los municipios. Todos piden que las reglas deben ser mantenidas con cierta estabilidad durante el tiempo.
Vasconcelos habla de coordinación entre las diferentes jurisdicciones y del problema de la competitividad, sobre todo en las provincias, para exportar. Sigaut Gravina señala que hay muchos impuestos que recaudan poco, mucha superposición entre jurisdicciones y gravámenes que son distorsivos e incluso muy regresivos.
«El gasto público en la Argentina no es productivo. No genera bienes y servicios ni ayuda a que el sector privado los genere. Es por ello que los impuestos son altos, en relación a lo que brinda el Estado», estimó Lorenzo. «Hay muchos problemas de doble imposición y se ha invertido la lógica de la administración tributaria mediante esquemas de percepciones y anticipos que generan saldos que luego los contribuyentes tienen que buscar aplicar a los distintos impuestos», dice Caamaño sobre el mal diseño del sistema tributario hoy en la Argentina.
Los tributaristas también creen que el sistema tributario está mal hecho. Valga un dato: Litvin dice que los impuestos existentes entre Nación, Provincias y Municipios superan los 170. «Un dato objetivo, el 90% de la recaudación lo aportan 11 tributos, con lo cual sobran más de 100», afirma. «Peor que la magnitud de los impuestos que se pagan en la Argentina es la falta de seguridad jurídica», completa Fraga. El abogado dice que hay impuestos que fomentan la informalidad (Cheque), mal diseñados (Bienes Personales, superpuesto con Patentes, Inmobiliario o a la Riqueza) y una falla estructural en el sistema: el no reconocimiento de la inflación. Esto lleva, explica Sasovsky, a un abuso de moratorias, blanqueos o planes de facilidades.
«La actual estructura tributaria de nuestro país se concentra en impuestos que gravan los consumos y las transacciones, lo que torna regresivo y distorsivo un sistema tributario que ha cedido terreno respecto a tributos más eficientes», afirma Mariscal, ex secretario de Política Tributaria del gobierno de Cambiemos.
En Abeceb consideran que habrá poco margen para grandes cambios en la presión tributaria argentina mientras prevalece una política que no se interesa por el gasto y que resuelve cualquier emergencia con un aumento de impuestos. «Las cuentas fiscales se encuentran en una situación delicada (déficit primario estimado en torno al 6,5% del PBI), ya que se deterioraron significativamente en 2020 producto de la pandemia y las restricciones asociadas, mientras que el 2021 es un año electoral», afirmó Pejkovich, que cree además que el FMI pedirá, para postergar pagos de la deuda, una convergencia fiscal más rápida que la planteada oficialmente.
Un importante economista, en off the record, lo simplifica así: «Lo que necesitás acá es un programa integral donde la política defina un cambio de organización en la Argentina. De eso, hay cero chances. Esto es berretolandia».
Francisco Jueguen (La Nación)
