Según las autoridades argentinas, el origen de la inflación es “multicausal”.
Más allá de su origen, lo cierto es que el mundo, salvo muy contadas excepciones, ha resuelto el problema de la inflación con una receta común: una economía abierta, un marco regulatorio que alienta y controla la competencia y Bancos Centrales creíbles en condiciones de influir positivamente en las expectativas por su capacidad para instrumentar políticas que defienden el precio del producto que venden, la moneda.
La Argentina no ha aplicado durante su historia moderna, salvo en algunos períodos aislados, el remedio arriba comentado. La economía argentina está aislada del mundo hace mucho tiempo. Poca participación de sus exportaciones e importaciones en el PBI, y ausencia cuasi total de acuerdos de libre comercio con los mercados de mayor crecimiento y pujanza. Este aislamiento tiene una causalidad, el Estado argentino ha sido cooptado por distintos grupos de presión en décadas de gobiernos autoritarios y populistas y la democracia republicana fue deformada y arruinada por un sistema institucional diseñado para cumplir ese objetivo.
Ese Estado brinda una pésima calidad de bienes públicos a costos siderales. Como los bienes públicos son un insumo clave para la producción eficiente y competitiva de bienes y servicios privados, o se reforma el Estado o se “protege” a los mercados locales de la competencia externa. El aislamiento de nuestra economía es, a la vez, defensa, contra el “costo argentino” y “coto de caza” para un Estado voraz.
El segundo componente de la receta, un marco regulatorio interno de adecuada defensa de la competencia y el consumidor, tiene su causalidad, también, en el Estado arriba descripto. Los intentos por tener un organismo independiente y profesional para lidiar con la problemática de la competencia y la defensa del consumidor han sido sistemáticamente boicoteados por la política, con interventores, anulación de concursos públicos y los lobbies. Adam Smith decía “cuando dos tenderos se juntan a tomar el té, no hay buenas noticias para los consumidores”. Paradójicamente, en la Argentina la “reunión de tenderos” la organiza el propio gobierno, y negocia precios cuidados, o impone discrecionalmente precios, tasas y condiciones uniformes que elimina la competencia entre ellos en lugar de favorecerla.
Finalmente, el Banco Central. Los Bancos Centrales del mundo desde los 80 del siglo pasado, se han quedado con la responsabilidad casi exclusiva de combatir la inflación y manejar el ciclo de corto plazo de la economía. Una regla básica del malajemente es tener un solo responsable a cargo de cada tema. Para asumir esa responsabilidad, los Bancos Centrales tienen bastante autonomía para instrumentar su política monetaria. Para ser creíbles respecto de dicha autonomía tienen límites estrictos para financiar a los gobiernos, y sus autoridades gozan de estabilidad en el cargo, sus designaciones son aprobadas por el Congreso, están obligados a rendir cuentas periódicamente, sus mandatos se extienden más allá de un período presidencial y sólo pueden ser removidos por mal desempeño luego de un juicio político.
Este sistema ha generado un círculo virtuoso. La credibilidad ganada les ha permitido ser exitosos en la reducción de la inflación, y ese éxito les ha ratificado la credibilidad y hoy influyen sobre las expectativas de los mercados de una manera contundente. En la Argentina, el Banco Central es un apéndice de la Tesorería al servicio del financiamiento de ese Estado y, carece de credibilidad y como la inflación es “multicausal” no es responsable por la baja de la tasa de inflación.
Y esto me lleva a la estricta coyuntura. Aislado del ingreso capitales y del financiamiento externo, El Banco Central es hoy el exclusivo financiador de un déficit fiscal total en torno al 6% del PBI. O lo financia directamente emitiendo, o lo financia indirectamente, liberando fondos “guardados” de los Bancos (encajes y Lelas) para que el Tesoro pueda renovar su deuda y colocar deuda nueva. Además, el Banco Central emite para pagar los intereses de las Leliqs que ya tiene acumuladas, y emite para comprar los dólares de las exportaciones. (dólares liquidados “por la fuerza” y pesos demandados por la fuerza que rápidamente buscan el destino de bienes o dólares “libres”). Toda esta mecánica, déficit fiscal financiado con emisión directa o indirecta, y emisión por intereses de las Leliqs y por compra neta de dólares (muy pocos, por cierto) lleva a que la inflación macroeconómica de la Argentina esté en algún número más cercano al 40 y pico por ciento anual, por no decir 50.
Pero la inflación “electoral” tiene que ser del 30%. Y es allí dónde entran dos actores. Por un lado, la política cambiaria, con el anuncio de una “tablita” no explicitada de devaluación por debajo de la inflación del mes anterior, es decir el intento de usar el dólar como “ancla de expectativas inflacionarias” y el segundo la Secretaría de Comercio, con el llamado SIPRE: Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (¡A la pelota!). El SIPRE le solicita a un conjunto de empresas información sobre sus precios, su producción y su stock. Está claro que el SIPRE es un instrumento de intimidación y control indirecto de los precios, como sustituto de la política antiinflacionaria que no puede llevar a cabo el Banco Central. En síntesis, la Secretaría de Comercio amenaza otra vez con la ley de abastecimiento para tratar de imponer la sensación de inflación en baja.
A estas alturas, el amable lector y la amable lectora se habrán dado cuenta que porqué, dada a verdadera “un causalidad”, la Argentina está en el podio de la alta inflación mundial.
Pero como estamos en medio de este ataque de siglas y de pedidos de información, voy a proponer el SIPREGAPU: El sistema de información para reducir el gasto público. Bajo este sistema, cada repartición pública debería publicar mensualmente en un sitio de internet con acceso al público, con carácter de declaración jurada firmada por el ministro del área, su número y gastos en personal, bajo todo concepto, sus gastos en compras de bienes y servicios, y algún indicador de su actividad (a construir dependiendo de cada especialidad), debidamente auditadas. A su vez, también deberíamos instrumentar un sistema por el cual todos los precios de bienes y servicios de la Argentina tendrían que presentar separado su precio neto propiamente dicho, y el precio correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones. Es más, el SIPRE ya podría pedir este desglose en los precios que ahora recaba.
Quizás empezando a transparentar con el SIPREGAPU la causa central de nuestro problema, algún día seamos capaces de poner en práctica la receta universal para terminar con la inflación. Bah digo.
Por
Enrique Szewach
Economista
