El Gobierno de Javier Milei se meterá de lleno en el escándalo de los seguros en la administración pública por millones de pesos que involucra al expresidente Alberto Fernández y a su entorno más cercano con un proyecto que, sin embargo, promete ir mucho más allá del mundo asegurador
Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que el Ejecutivo trabaja en un proyecto que busca quebrar “privilegios” existentes -gracias a las normativas que impulsó el anterior gobierno- en las empresas públicas a la hora de contratar distintos servicios. Será a través de un decreto que saldrá en las próximas semanas.
Fuentes al tanto de la idea adelantaron a este medio que se analiza que todas las empresas públicas dejen de tener la obligación de contratar servicios a otro organismo público. En el caso del escándalo que involucra a Fernández, se había establecido en 2021 la obligatoriedad de contratar pólizas con Nación Seguros, por caso.
Lo que busca el Gobierno es que esas empresas públicas que proveen un servicio compitan ahora de igual a igual con empresas privadas. Además, otra vez como en el caso de Nación Seguros, no habrá adjudicaciones directas (menos con brokers amigos del poder), sino licitaciones. “Uno de los parámetros clave será el precio, pero habrá otros”, contaron fuentes que trabajan la letra chica en la actualidad.
La idea es terminar con los monopolios públicos a la hora de brindar servicios en el Estado. “Que puedan competir empresas privadas en licitaciones. Que sea transparente y le cueste menos al Estado”, explicaron.
El proyecto oficialista se pensó en las huestes del flamante Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que dirige Federico Sturzenegger, uno de los “colosos” del Gabinete, según describe el propio Milei. El otro al que suele celebrar constantemente es al de Economía, Luis Caputo. “Tengo el orgullo de tener a un ministro de la estatura intelectual de un coloso haciendo esta revolución”, dijo Milei esta semana sobre el expresidente del Banco Central (BCRA), ahora a cargo de la desregulación económica.
Sturzenegger está trabajando además en desregulaciones en otros sectores, como el aerocomercial. También, semana, por caso, reglamentó los artículos de la Ley de Deportes 20.655 referidos al tema que públicamente se conoce como de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y también los cambios regulatorios necesarios para que las propinas puedan pagarse de manera electrónica.
Agregaron que la novedad se conocerá en las próximas semanas (debe atravesar un camino de revisión en varias carteras), a través de un decreto y que forma parte de la agenda de desregulación que encara Sturzenegger. Se trata de un proyecto que pega directamente en el entramado que habían armado los amigos del expresidente y que ya fue, por lo menos, el cobro de comisiones, congelado por la Justicia.
La causa de los seguros abrió además otro frente para Fernández, luego de que se conocieran chats y fotografías en las que aparecen indicios de violencia de género hacia su exmujer Fabiola Yañez. La Justicia ahora también investiga al expresidente “lesiones graves doblemente agravadas” y “amenazas coactivas”.
El escándalo
Cuando comenzó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los seguros de los organismos del Estado y las empresas públicas, un negocio millonario, pasó de una modalidad de contratación directa o licitación (se hacía incluso con habitualidad con Nación Seguros durante el macrismo) a la intermediación de terceros (los famosos brokers), con la generación de comisiones que antes no existían. Eran millones.
En 2021, en tanto, se estableció por decreto (823/2021) a los entes del Estado la obligatoriedad de contratar Nación Seguros. Todos los contratos se intermediaban y la gran mayoría caían en manos de Héctor Martínez Sosa, marido de la histórica secretaria de Fernández, María Cantero, o con brokers cercanos.
A su vez, Nación Seguros tomaba la póliza y “coaseguraba” el riesgo en otras empresas, es decir, dividía el contrato y entregaba negocios a otras compañías. Se volvía a generar en esta segunda operación otra comisión a favor del productor, según contó LA NACION en varias investigaciones. Alberto Fernández no es nuevo en el mundo de los seguros. Durante los 90, fue superintendente de Seguros de la Nación.
El viernes de la semana pasada, el juez que entiende en la causa, Julián Ercolini, envió órdenes de presentación a compañías de seguros que tenían las pólizas investigadas para seguir reuniendo pruebas antes de citar a Fernández a declaración indagatoria como sospechoso del delito de fraude y negociaciones incompatibles con la función pública. También está previsto que cite a Cantero y a Martínez Sosa.
Según publicó hoy Clarín, el broker amigo de Fernández, que supo obtener $366 millones en concepto de comisiones por los 19 contratos, no podrá percibir de Nación Seguros SA los pagos correspondientes a los meses posteriores al inicio de la causa penal. La medida dictada por la Cámara Federal porteña se tomó después de un reclamo de Martínez Sosa y otras compañías que pedían seguir cobrando.
Durante toda la Presidencia de Fernández, en concepto de comisiones a los intermediarios que participaron en las contrataciones bajo estudio, se abonaron un total de $3.453.302.77 (US$17 millones al cambio oficial).
Francisco Jueguen
