En respuesta, la gestión de Javier Milei está considerando tomar medidas tanto administrativas como judiciales, acusando a estas empresas de posible cartelización y abuso de posición dominante en el mercado, especialmente por los aumentos aplicados en los primeros meses del año.
Por otro lado, el Gobierno está presionando para que las compañías congelen sus tarifas por al menos dos meses, con el objetivo de mitigar el impacto en la inflación. Esta postura, en contraposición al enfoque ultraliberal de Milei, marca un cambio significativo en la política gubernamental hacia el sector.
Además de estas acciones públicas, se han mantenido conversaciones informales con las prepagas, instándolas a no aumentar las cuotas en los próximos meses. Sin embargo, estas negociaciones no han llegado a un acuerdo, ya que las compañías han expresado su intención de plantear aumentos recién para junio o julio.
Las tensiones entre el Gobierno y las empresas del sector han escalado, con acusaciones de aumento desmesurado por parte del Gobierno hacia las prepagas y demandas de estas últimas por una revisión de los costos asociados a la prestación del Plan Médico Obligatorio (PMO), que incluyen medicamentos, insumos y salarios de profesionales de la salud.
La disputa también tiene un trasfondo político, con el Gobierno apuntando a Claudio Belocopitt como el supuesto responsable de los aumentos y las prepagas defendiendo su situación financiera y desestimando acusaciones de cartelización.
Ante la falta de diálogo formal, el Gobierno está considerando acciones tanto administrativas como judiciales para abordar estas preocupaciones, incluyendo medidas para prevenir la cartelización y posibles acciones legales por abuso de posición dominante en el mercado. Sin embargo, aún no se han definido los detalles de estas medidas.
