Para evitar los desabastecimientos y controlar la evolución de la inflación, la Secretaría de Comercio pedirá a unas 1.000 grandes empresas que reporten mensualmente los precios y las cantidades vendidas de sus productos.
Según una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, un grupo de compañías elegidas, de sectores variados como la Alimentación, Bebidas, Higiene personal, Limpieza, Construcción, Electrónica y Electrodomésticos, Muebles, Químicos y Agroquímicos, entre otros; deberán comenzar a notificar a un régimen informativo los precios de venta, las cantidades producidas y vendidas y el stock de sus productos. De esta manera aumenta el monitoreo del Estado en las empresas como ha sucedido en los últimos tres meses.
El programa que recopilará estos datos se llama Sipre «Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica» y a diferencia del régimen informativo que rige para los supermercados desde 2016, SEPA, la información brindada por las empresas será confidencial.
Así lo explicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo. La medida sobre las empresas se conoce en medio de las negociaciones del Estado con las cámaras empresarias por los precios y salarios y en un contexto donde la inflación se aceleró en los últimos meses.
Concretamente, sobre la medida lanzada hoy en el BO, en una primera etapa se busca monitorear unas 500 empresas de los sectores elegidos. Estos son, según el Gobierno, aquellos que registran más tensiones tanto de precios como de abastecimiento.
«Fundamentalmente lo que buscamos es ver los niveles de venta por canal y el stock para tener un régimen informativo de las grandes empresas. Esto nos va a permitir hacer un seguimiento de precios y de abastecimiento a lo largo de las cadenas productivas y conocer alertas tempranas de algunas empresas que no consigan insumos de determinados productos», remarcaron fuentes oficiales. Justamente en las últimas semanas, miembros de la COPAL manifestaron su preocupación por la falta de ciertos insumos y en el encarecimiento de sus precios.
Frente a las posibles quejas que puedan surgir ante este requerimiento desde el sector empresario, desde la cartera que dirige Matías Kulfas enfatizaron que la información solicitada surge del trabajo diario en cada una de ellas «y no necesitarán contratar personal extra para poder cumplir con el régimen».
A pesar de que los sectores elegidos participaron en las mesas de trabajo por los acuerdos de precios y salarios, desde el Gobierno aseguraron que este sistema comenzó a diseñarse hace semanas, antes de escuchar las críticas de los empresarios.
Como los datos que se le solicitan a las empresas pueden considerarse «información sensible» para cada uno de sus negocios, fuentes del Ministerio de Desarrollo remarcaron que la información volcada es estrictamente confidencial y que no se utilizará para realizar informes públicos. «No nos interesa conocer los márgenes de rentabilidad de las compañías. Lo que necesitamos entender es cuál es la evolución de los precios a lo largo de toda la cadena productiva. Y también los niveles de abastecimiento. Esto nos va a permitir administrar mejor las situaciones de shock y de normalidad, de procesos de producción y comercialización», dijeron.
Además detallaron que no habrá sanciones por ninguno de los datos presentados, aunque sí se prevén multas para aquellos que no cumplan con cargar el reporte mensual. La semana pasada la Secretaría de Comerció imputó a 20 empresas del sector de la construcción por no brindar información solicitada.
Lejos de aceptar una «moreninzación» de sus prácticas, en la Secretaria de Comercio dicen que gracias al nuevo sistema, todo será «normativa, sistema operativo y sonrisas. Y algo de rigor, por supuesto»
En medio de las críticas de los empresarios por la permanencia del Programa de Precios Máximos, la Secretaría de Comercio Interior, encabezada por Paula Español desplegó en los últimos meses férreos controles de precios, para intentar frenar el salto inflacionario.
En enero, creó el Consejo Federal de Comercio Interior, un ente con presencia en todas las provincias para hacer monitoreo de los precios en las góndolas. Anteriormente, en diciembre pasado Español había incluido a las empresas de materiales de construcción en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), un régimen informativo creado durante la presidencia de Mauricio Macri.
En febrero, hace justo un mes, la Secretaría de Comercio Interior, imputó a grandes empresas de consumo masivo por generar desabastecimiento. La Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) acusa a Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian de bajar la producción o no entregar determinados productos de consumo masivo para su comercialización.
