Dólar ahorro y el millonario impuesto para beneficio de los movimientos sociales

Una caja del Estado creada con el objetivo de urbanizar barrios y asentamientos urbanos precarios ya instalados suma miles de millones de pesos gracias al aporte que hace la clase media a través del dólar ahorro.

Ese fondo, que ahora también podría abastecerse de una parte del impuesto a las grandes fortunas, está bajo la administración de militantes de los movimientos sociales dentro del Gobierno.

Esa caja es un fideicomiso que depende de una profesora de catequesis y militante social de San Isidro cercana al dirigente social Juan Grabois: pese a que todavía no está constituido, ya tiene asignados un poco más de $8000 millones gracias al impuesto PAIS. Si se aprobara el impuesto a las grandes fortunas, podría sumar $45.000 millones más.

El debate sobre el fondeo de recursos, la administración y asignación de los mismos se da en momentos en que las tomas de tierras crecen al amparo de la indefinición oficial.

La semilla del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) nació en 2016 y fue sembrada por Cambiemos, con el impulso de Elisa Carrió y Mario Quintana en un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, como Techo, y movimientos sociales, entre ellos la, que dirige Grabois; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y Barrios de Pie. La Iglesia, a través de Cáritas, también participó de la idea original de dimensionar la problemática de la informalidad urbana en la Argentina. Al 31 de diciembre de ese año había un stock de 4416 villas y asentamientos en los que vivían 935.000 familias sin acceso a los servicios básicos ni titularidad del suelo que habitaban. El 40% de esa población tenía entonces menos de 15 años y el 70%, menos de 29. Ese stock se multiplicó ahora, tras años de recesión e inflación y luego de la pandemia.

Tras el relevamiento, y con la idea de construir una política pública para erradicar esa pobreza, se creó -a través del decreto 358/17- el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). En octubre de 2018 se sancionó la ley 27.453, con consenso casi total en el Congreso. La norma declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles comprendidos en el registro, suspendió los desalojos en los barrios por un período de cuatro años y habilitó la creación de un régimen especial de regularización dominial. Además, sentó las bases para el lanzamiento de un programa para la integración socio-urbana de los barrios. El mismo estaría financiado por un fideicomiso, que, sin fondos en medio de la crisis al final del macrismo, se creó con la reglamentación de la ley el 6 de diciembre de 2019.

La idea del fideicomiso, según comentaron a LA NACION fuentes vinculadas a su creación, buscaba independencia de las partidas designadas por el Ejecutivo de turno, objetivos predeterminados de inversión, administración transparente y la idea de sumar a organismos internacionales y a privados desde el mercado de capitales: es que el dinero público no alcanzaría. Según los cálculos, para solucionar la crisis habitacional hace cuatro años se necesitaban US$26.000 millones.

La victoria de Alberto Fernández volvió a atraer la atención sobre el FISU. Con la promoción del diputado del Frente de Todos y hombre del Movimiento Evita, Leonardo Groso, la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva de Martín Guzmán reorientó parte de los fondos que se recaudarían con el impuesto PAIS (grava con un 30% las compras de dólar ahorro para atesoramiento y turismo). Por ese gravamen se recaudaron a agosto $89.611 millones.

El inciso B del artículo 42° dice sobre la distribución de lo producido por el impuesto: «Financiamiento de obras de vivienda social: del fideicomiso Fondo Integración Socio Urbana creado por la ley 27.453 y el decreto 819/19, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional: treinta por ciento (30%)». Para el FISU, tras la reglamentación final, irá el 30% de ese 30% (el 9% del total recaudado). Hasta agosto, y por esa ley, al FISU irían $8065 millones.

A esto se suma el proyecto enviado días atrás por el diputado Carlos Heller y auspiciado por Máximo Kirchner para cobrar un impuesto único a las grandes fortunas y que, según los autores de la iniciativa, espera recaudar $300.000 millones. De lo recaudado va «un 15% a los habitantes de los barrios populares identificados en el registro nacional de barrios populares en proceso de integración urbana (Renabap) para fortalecer dicho proceso, enfocado en la mejora de la salud y las condiciones habitacionales de sus habitantes», dice la iniciativa.

Administrativamente, el controlante del FISU será el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que preside José Ignacio de Mendiguren. En la entidad financiera dijeron que ese fideicomiso aún no está operativo, confirmaron que lo gestionará el BICE, pero indicaron que todavía no tienen fecha clara para constituirlo.

«¿Quién controla políticamente el FISU y el Renabap?», preguntó LA NACION a los voceros de Heller. «El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat», respondieron. En la cartera que dirige la rosarina María Eugenia Bielsa confirmaron que el FISU y el Renabap están bajo la órbita de la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño. Según el sitio del ministerio, Miño es «exconcejala de San Isidro. Referenta social y profesora de catequesis; representante de organizaciones sociales en la Mesa Nacional de Barrios; militante por la integración socio urbana. nacida y criada en el barrio La Cava». Dos fuentes que la conocen afirman que responde a Gabrois. Cerca del dirigente social cuestionaron esa lectura.

«No funcionamos así nosotros», dijeron a LA NACION cerca del dirigente social cercano al Papa Francisco. «Es parte del Frente Patria Grande y de la UTEP; es una mujer muy valiosa, meritoria, que vive en un barrio popular y que tiene una trayectoria de muchos años de trabajo comunitario», explicaron. «Es profesora de catequesis, puede dar referencia de ella el presidente de la CEA y obispo de San Isidro, Oscar Ojea», señalaron. En Cambiemos, quienes conocen a Miño también destacan su trabajo y honestidad. Sin embargo, afirman que no es del riñón de Bielsa y ven allí una imposición de la política. Algo así, ejemplificaron, como lo que le sucede a Daniel Arroyo en el Ministerio de Desarrollo Social con Emilio Pérsico.

Fuentes de Cambiemos no dudan de las intenciones de los movimientos sociales en el trabajo de campo. «Conocen los problemas y se meten donde no llega la política», cuentan. Sí, en cambio, dudan de la capacidad técnica para instrumentar cambios -«a través de fondos no reembolsables»- que duren en el largo plazo. Anticipan cortocircuitos internos en ese ministerio y otros que puedan aparecer en el territorio, principalmente entre movimientos sociales con fondos e intendentes sin dinero.

En el corto plazo, algunas flexibilidades generan dudas sobre los controles. Un ejemplo: el Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares, lanzado en julio por Bielsa y Miño (resolución 52/2020), habla de «rendición de cuentas documentadas de fondos presupuestarios» en base a una reglamentación presentada, a su vez, en junio en la resolución 31/20, cuyo anexo (artículo 2° inciso J) habilita a las organizaciones comunitarias regularmente constituidas a ser «los responsables de realizar la rendición de los gastos autorizados».

Por: Francisco Jueguen