En lo que fue la última sesión extraordinaria y a días de que comience el cronograma de sesiones ordinarias, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Góndolas.
A pesar del escepticismo sobre su efectividad, compartido incluso desde algunas bancas oficialistas, el Senado sancionó la llamada ley de góndolas, que pretende regular las cuotas de participación y de exposición de productos en las grandes cadenas de supermercados, con el pretendido objetivo de fomentar la competencia y combatir la cartelización en la cadena de formación de precios.
Aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre como una medida urgente reclamada por Alberto Fernández, en ese entonces flamante presidente electo, la iniciativa quedó en el olvido hasta que el Gobierno la incluyó en el temario de sesiones extraordinarias el mes pasado, luego de conocer que el aumento de los productos alimenticios duplicó la inflación en el primer mes del año.
¿Qué establece la Ley de Góndolas?
Uno de las principales disposiciones de la ley sancionada es la obligación para los comercios de más de 1000 metros cuadrados de superficie de limitar al 30% el espacio disponible en una góndola para una determinada firma o grupo empresario.
Además, obliga a exponer un mínimo de cinco marcas diferentes del mismo producto, como forma de fomentar la competencia entre marcas, la que tendría como efecto una reducción de precios.
Con el supuesto objetivo de garantizar el acceso, en igualdad de condiciones, a la mayor cantidad de actores económicos, la ley fija cuotas de cumplimiento obligatorio para la exhibición de productos elaborados por pequeñas y medianas empresas (25%) y para productos regionales y elaborados por empresas de la denominada economía popular (5%).
«Esto es marketing», atacó el proyecto Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio-Córdoba)), a pesar de lo cual terminó votándolo en general.
Según el legislador cordobés, las disposiciones de la nueva ley no tendrán efecto alguno, al extremo que la calificó como «un placebo irrelevante». Por el contrario, Martínez exigió la aplicación de leyes ya existentes, como las de defensa de la competencia, de lealtad comercial y de defensa del consumidor, como herramientas para luchar contra los abusos de posiciones dominantes de los grandes grupos empresarios y fomentar la producción nacional de las pymes y de las empresas familiares y regionales.
En similares términos cuestionó la iniciativa Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), quien advirtió que la aplicación de la norma «va a generar innumerable cantidad de conflictos». Tras señalar que había hecho «la tarea», el exgobernador contó que se puso a medir las góndolas en un supermercado y a tratar de aplicar las disposiciones de la norma. «Es absolutamente impracticable, además de que exigirá un sistema de reposición cada hora», sentenció, antes de justificar su voto en favor en la cuota de productos regionales.
