Consultados por Infobae, distintos abogados constitucionalistas coincidieron en que los sindicatos no tienen el poder de policía para ejercer ese tipo de tareas.
La decisión del gobierno nacional de acordar con el sindicato de Camioneros y organizaciones sociales el control conjunto del programa Precios Justos en los supermercados y comercios minoristas del país generó polémica y críticas por parte de diferentes sectores.
En diálogo con Infobae, distintos abogados constitucionalistas explicaron por qué esta medida del Poder Ejecutivo no se ajusta a derecho y de qué delitos podría eventualmente acusarse a los gremialistas que realicen estas tareas de vigilancia.
En este sentido, Daniel Sabsay precisó que, según lo establece la Carta Magna, “el poder de policía no es delegable y solo puede ser ejercido por el Estado y sus autoridades”, ya que, de lo contrario, “puede llevar a a que se generen grandes injusticias”.
“Lo más terrible es que esto parece el mundo del revés, porque ese trabajo le está siendo concedido además a Oscar Borda (jefe de la rama Logística y hombre de la máxima confianza de Hugo y Pablo Moyano), una persona que es especialista en aprietes”, señaló.
El secretario adjunto del gremio Camioneros, Pablo Moyano, junto al secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini
El secretario adjunto del gremio Camioneros, Pablo Moyano, junto al secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini
En sintonía con esto, el letrado recordó que el dirigente de Camioneros “está inclusive procesado en una causa por extorsión y es la base por la cual se tuvo que ir del país (el fundador de Mercado Libre, Marcos) Galperin”.
“Solo la Argentina se da el lujo de que pasen estas cosas. Es vergonzoso que este hombre sea quien ejerza el poder de policía y yo creo que los distintos supermercados pueden unirse para presentar amparos, porque son cuestiones que en el Derecho se conocen como decisiones absolutamente arbitrarias, porque no hay proporcionalidad entre el fin deseado y el medio elegido para lograrlo”, agregó.
Para Sabsay, además, los dueños de los negocios afectados podrían también “solicitar una acción declarativa de certeza de constitucionalidad, para que la Justicia suspenda la medida que habilita a estos energúmenos a controlar algo que le corresponde al Gobierno”.
“Yo pienso que hoy en día sí podría prosperar algunos de esos recursos, han avanzado muchos casos en contra del Poder Ejecutivo, inclusive contra (la vicepresidenta) Cristina Kirchner, pensemos en Vialidad, por ejemplo, en la que actuaron jueces y fiscales independientes. Sería muy importante que prospere porque, si no, estaríamos en un país sin derecho”, puntualizó.
En la misma dirección, Diego Armesto consideró que “es incorrecto que los sindicatos realicen este tipo de tareas porque, si bien son personas jurídicas y públicas, no tienen el poder de policía que tiene el Estado”, por lo que estarían “afectando los derechos constitucionales” de los comerciantes.
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“Acá corresponden varias cuestiones, pero la lógica sería que los empleados, los dueños de los supermercados y de las pymes, pueden rehusarse a que entren personas que son ajenas a las facultades que otorgan las leyes de la República Argentina en lo que respecta al control de precios”, señaló.
“No hay ninguna normativa que los respalde, por lo que podrían avanzar contra ellos haciendo las denuncias pertinentes contra estas personas, aunque para eso habría que individualizarlas, y ya sería un trabajo más engorroso, pero desde mi punto de vista están impedidos (los gremios) a realizar esos controles”, advirtió.
En este sentido, el abogado opinó que también las autoridades nacionales podrían ser acusadas de “incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos”, por haber realizado este acuerdo con los sindicatos y organizaciones sociales.
Por su parte, Felix Lonigro coincidió con sus colegas en que “acá los mayoristas deben lograr que un juez frene esta medida a través de una acción de amparo colectiva, porque se está haciendo algo que está fuera de la ley”, y advirtió además sobre las consecuencias que podrían tener los gremialistas según la actitud que tomen ante presuntas infracciones de los locales.
“Yo no sé cómo fue el acuerdo, no sé cómo se desarrolló, pero los camioneros no tienen el ejercicio del poder político estatal y, por lo tanto, están cometiendo un delito, concretamente lo que se llama ‘usurpación de autoridad’, que es cuando te arrogás la potestad de hacer una tarea que le corresponde hacer al Estado”, explicó.
Para el constitucionalista, “el tema del control del abastecimiento (en los negocios) no pasa un filtro de legalidad” y, si además hubo un arreglo con el Gobierno, “ahí lo que hay es complicidad, que sería más grave que la responsabilidad penal que cabría por ‘dejar hacer’”.
Al respecto, Lonigro aclaró que “hay que ver qué acciones toman los sindicalistas cuando detectan que hay faltantes de mercadería en los comercios, porque de eso dependerá la medida legal que puedan tomar las defensas de los dueños de esos establecimientos”.
“Si el camionero ingresa a un lugar que es privado, pero de acceso público, como lo es un supermercado o un mayorista, no le pueden impedir el ingreso, pero si adentro comienzan a tener actitudes arbitrarias, ahí ya al comerciante le cabe la posibilidad de hacer uso del derecho de admisión y permanencia de esta gente, pedirles que se vayan, llamar a las fuerzas públicas o iniciar una acción judicial”.
