La iniciativa oficial pretende permitir a las aerolíneas, siempre y cuando estén en regla, elegir rutas sin requerir autorización previa, simplificando así la burocracia. En cuanto a los autobuses, se buscará que las empresas puedan operar en las rutas que elijan sin restricciones.
El Gobierno avanza en la desregulación de varios sectores económicos, con el transporte aéreo y terrestre de larga distancia en el centro de atención. Aunque las medidas están en fase de estudio por parte de las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación y expertos del sector privado, la intención es clara: abrir el mercado para que las empresas presten servicios con la menor cantidad de trámites y condicionamientos posible.
El objetivo es eliminar regulaciones que desincentiven el funcionamiento normal de la actividad y las inversiones, según fuentes familiarizadas con las discusiones en curso.
En el ámbito aeronáutico, se planea eliminar las audiencias públicas como requisito principal para que las aerolíneas soliciten rutas. Hasta ahora, en el mercado local solo han ingresado aerolíneas de bajo costo como Fly Bondi o Jetsmart. Se espera que, con la desregulación, puedan sumarse otras empresas.
Inicialmente, se avanzará con la digitalización de algunos trámites, pero la idea es que cualquier empresa que cumpla con los requisitos legales y de seguridad pueda operar en las rutas de su elección. Esto forma parte de la política de «cielos abiertos».
En cuanto a los autobuses de larga distancia, las decisiones están menos definidas en los despachos oficiales. Sin embargo, la dirección elegida es permitir que las empresas registradas operen en cualquier punto del país que consideren conveniente para su negocio.
Una preocupación del sector privado es que la política estatal en los últimos años ha establecido regulaciones que obligan a los autobuses a pasar por ciudades con menor afluencia de pasajeros para garantizar la «conectividad». La incertidumbre radica en qué sucederá con las personas que viven en esos lugares si estas rutas dejan de estar disponibles. Se espera que el mercado se autorregule con la inclusión de empresas locales más pequeñas que tomen esas rutas.
El Gobierno reconoce que la legislación laboral es un obstáculo para el desarrollo de muchas actividades. Las empresas de larga distancia están sujetas a convenios colectivos más estrictos que aquellas que prestan servicios más cortos, pero con menores restricciones. Por lo tanto, las medidas aún están bajo análisis para evitar perjudicar a sectores menos competitivos debido a los costos laborales.
