Ayer fue el último día en que rigió el sistema de concesión por cobro de peaje, que estuvo vigente durante los últimos 26 años en la Hidrovía, la vía navegable troncal Paraná-Paraguay.
Exactamente a partir de las 00.00 de hoy pasó a ser la Administración General de Puertos (AGP) quien cobra el canon de US$3,06 por tonelada transportable a los barcos de carga que circulen, que deberán depositar el dinero en una cuenta en el Banco Nación creada especialmente para este fin. Por esta autopista fluvial se mueve el 80% del volumen del comercio exterior argentino.
Atrás quedó la idea de la licitación corta, ya que el Gobierno decidió continuar con los servicios de la compañía belga Jan De Nul para el dragado de la Hidrovía, una tarea que viene realizando desde hace más de dos décadas, durante las cuales hubo una mejora en las condiciones de navegabilidad. Sus competidores, grandes empresas internacionales, tendrán que esperar y apostar a ganar la licitación larga.
Sin embargo, hasta el momento no está formalizado el nuevo contrato con Jan De Nul por “un tema administrativo”. El balizamiento estará a cargo de la AGP con la asistencia de alguna empresa que no será Emepa, el antiguo socio de la compañía belga.
Sin demasiado apoyo del sector exportador que utiliza la autopista fluvial, que dice que la concesión definitiva debería haber estado en marcha desde el 30 de abril, cuando finalizó el contrato de Hidrovía S.A., esta iniciativa tiene un problema a la vista: durante un año, o lo que dure el trámite para poner en marcha la licitación y adjudicarla, no se harán las obras de profundización que se necesitan para que el calado se ajuste a la navegabilidad de los barcos de gran porte. Eso cobra todavía más relevancia en tiempos de bajante del Paraná, en los que los barcos son más chicos o no salen con carga completa encareciendo los costos.
El Gobierno anunció que va a trabajar con las provincias y distintos interesados y especialistas para elaborar los pliegos definitivos, algo que, por el momento, está bastante verde.
A partir de ahora, entonces, el interventor de la AGP, José Beni, tiene bajo su órbita el mantenimiento de la Hidrovía hasta que se adjudique la licitación de largo plazo por el dragado, balizamiento, control y cobro del peaje de la vía fluvial. Lo que no queda claro en el texto del Ministerio de Transporte, cuando firma el contrato para que la AGP se haga cargo de este tramo intermedio de la administración de la Hidrovía, es si la licitación larga será bajo el nuevo esquema, o se volverá al anterior, con el peaje en manos de un concesionario. Los privados quieren que quede en manos privadas; los estatales, del Estado.
Un nuevo Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable será el encargado de organizar la licitación larga y establecer las nuevas pautas en los pliegos. “Deberá determinar la delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y secciones en las que se conformará o segmentará la vía navegable troncal, para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, en relación con los distintos servicios que se prestan en los mismos”, consignan fuentes oficiales. También se va a revisar la tarifa del peaje.
Paula Urien
