Esta medida, que había sido dictada como una cautelar en septiembre, continuará en efecto mientras la Cámara Federal de San Martín evalúa el caso.
La disputa legal refleja el conflicto entre el gobierno, que promueve la incorporación de las SAD al fútbol argentino, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, que defiende el actual modelo de clubes como sociedades civiles sin fines de lucro. Fue justamente la AFA quien impulsó la causa judicial, oponiéndose a la transformación propuesta.
La semana pasada, el juez Portocarrero rechazó dos solicitudes del gobierno: una que pedía la revocación de su fallo y otra que exigía que la apelación se aceptara con efectos suspensivos, lo que habría mantenido en vigor las leyes mientras se revisaba la causa. No obstante, el magistrado aceptó la apelación del Ministerio de Justicia y de la Procuración del Tesoro, elevando el caso a la Cámara Federal de San Martín para que decida sobre la medida cautelar.
El gobierno de Milei había incluido la habilitación de las SAD en el decreto de necesidad y urgencia 70, que forma parte de su paquete de desregulación económica anunciado en diciembre pasado. En agosto, reglamentó las disposiciones, otorgando a los clubes un plazo de un año para que, con el voto de sus socios, pudieran optar por convertirse en SAD, abandonando su naturaleza de sociedades civiles sin fines de lucro.
Recurso de amparo
Sin embargo, la AFA presentó un recurso de amparo contra estas normativas, argumentando que su aplicación afectaba negativamente a los clubes al interferir con su funcionamiento autónomo y modificar sustancialmente la Ley del Deporte (Ley 20.655), sancionada por el Congreso. El juez consideró que la implementación de las SAD alteraría el tejido asociativo de los clubes, limitando su capacidad para tomar decisiones en libertad.
El gobierno, por su parte, apeló el fallo con varios argumentos. Entre ellos, recusó al juez Tezanos Pinto y cuestionó su competencia, afirmando que el caso debería ser tratado en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, dado que tanto la AFA como el gobierno tienen su sede allí. Además, sostuvo que la entrada de capitales privados, a través de las SAD, sería una solución frente a la crisis económica que afecta al fútbol argentino.
Tezanos Pinto desestimó dos de los planteos gubernamentales. En cuanto a la solicitud de revocación, el juez sostuvo que su fallo se basaba en los hechos y las leyes aplicables, sin necesidad de revisión. Respecto a la suspensión de la apelación, el magistrado dictaminó que la Cámara Federal de San Martín revisará la causa, pero las normativas cuestionadas seguirán suspendidas.
Aún queda pendiente la resolución sobre el planteo de incompetencia presentado por el gobierno, que insiste en que el caso debe ser tratado en un fuero civil y comercial federal, con sede en la ciudad de Buenos Aires.
